Ricardo Rosales Román
\ Carlos Gonzáles \
Las contradicciones y disputas, aunque no son antagónicas, corresponden a distintos reagrupamientos e intereses de por lo menos tres grupos de poder que tratan de que se les tome en cuenta y no quedar al margen de lo que el oficialismo “decida” respecto al candidato presidencial y vicepresidencial a nominar, la lista de diputados y de autoridades municipales.
En tales condiciones, el gobierno tiene serias dificultades y graves problemas en lo económico y político. En lo gubernamental, su gestión nada tiene de exitosa; en lo económico, financiero y fiscal, está en un atolladero. El endeudamiento aprobado y lo que está por convenir, es de lo más desproporcionado e irresponsable. Prácticamente el país está hundido en la pobreza y en la pobreza extrema mientras que la corrupción se da a todos los niveles e instancias de la administración pública y la élite oligárquica tradicional se enriquece a manos llenas.
En lo político, el aislamiento, desprestigio y falta de credibilidad en la gestión gubernamental, crece en espiral tanto entre sus propios “votantes” como entre la población en general; el descontento e indignación social y popular, se generaliza y expande en el interior del país; al gobierno le resulta prácticamente imposible resolver las demandas de los pueblos indígenas y campesinos contra la explotación minera y las hidroeléctricas en manos extranjeras, los desalojos violentos y represión a las comunidades, la criminalización de la movilización y protesta social, la lucha por sus derechos ancestrales, la vida, sus territorios, tradiciones, conocimientos y cultura.
Es en este contexto que se pone de manifiesto y expresa, agudiza y agrava la contradicción fundamental entre quienes gobiernan y las demandas y exigencias de los pueblos indígenas y campesinos; es decir, de la mayoría de la población. Es, en suma, lo que terminará pesando más contra el partido gobernante en sus propósitos por asegurar la “elección” de sus candidatos a nominar.
Y en tanto que el partido oficial no tiene asegurada esa “elección”, lo que al gobierno le queda es tratar de copar los otros organismos de Estado: Corte Suprema de Justicia, Cortes de Apelaciones, Contraloría General de Cuentas, Defensoría Pública Penal y Corte de Constitucionalidad, tal como ya lo hizo con el Tribunal Supremo Electoral, TSE, y el Ministerio Público, MP.
Es así como quienes gobiernan presupuestan garantizar su “continuidad”. El “continuismo” así “asegurado”, constituye, en el momento actual y en lo que queda de aquí al 14 de enero de 2016, el peligro principal que amenaza y atenta contra nuestro país y nuestro pueblo, el Estado y sus instituciones, y la ya tan violentada institucionalidad gubernamental y estabilidad política y social.
