Por: Adrián Zapata
El pasado 27 de marzo sucedió la conocida tragedia ocurrida en un centro de detención para migrantes en Ciudad Juárez, México, donde al incendiarse ese lugar perdieron la vida 39 migrantes, de los cuales 18 eran guatemaltecos. También se reportaron 28 heridos, 10 de ellos nuestros connacionales.
Icela Rodríguez, Secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Mexico, declaró al respecto: “Se iniciará un proceso para reparar el daño a los familiares de las víctimas. Sabemos que el dolor y la tristeza que genera la pérdida de vidas no se supera jamás con esta acción. Sin embargo, es nuestra obligación institucional y moral proteger a las familias de las víctimas” (BBC New, 30 de marzo, 2023).
Por su parte, la Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional (AI) en México, Edith Olivares Ferreto, en una entrevista publicada en Prensa Libre el pasado 10 de abril, declaró que “El Gobierno mexicano debe tomar esto como una oportunidad para reformar su política migratoria a una que esté centrada en la persona y que reconozca que este es un territorio de tránsito y recepción desde hace cuatro décadas. También exigimos garantías de no repetición para que nunca más en este país mueran migrantes que están bajo la custodia del Estado”.
Es importante también citar un reciente trino del intelectual guatemalteco Carlos Figueroa Ibarra, quien reside en México desde hace muchos años. Carlos milita en el partido MORENA y ejerce algunas funciones de liderazgo en el Estado de Puebla. Al respecto, publicó: “Una nueva mancha para el instituto Nacional de Migración. El INM debe desaparecer y la política migratoria de México debe ser revisada, es una incoherencia con el espíritu de la 4T…”. Por 4T se refieren en México a la propuesta, ya en avanzado estado de implementación, del planteamiento transformador que impulsa el actual gobierno mexicano.
La derecha mexicana utilizó esta lamentable tragedia para rasgarse las vestiduras y atacar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, expresando una indignación que poco tiene de auténtica y muchísimo de oportunista.
Se impone un análisis profundo de las causas subyacentes.
La primera es, una vez más, las condiciones estructurales que provocan este fenómeno, las cuales están relacionadas, en el caso guatemalteco, con la falta de oportunidades para que la población, principalmente los jóvenes, puedan acceder a una vida digna en su país de origen. No son los pobres los que migran. El costo económico es muy alto. Sin embargo, es la pobreza la que subyace. En Guatemala hay territorios, principalmente rurales, que tienen tal nivel de rezago, que se convierten en expulsores de su población. No es posible construir un arraigo territorial si en ellos no hay opciones para, como ya dije, vivir con cierta dignidad. Por lo tanto, el único camino para terminar con ese tipo de migración irregular es impulsar el desarrollo de dichos territorios, es decir, implementar, desde el Estado, el desarrollo rural integral. No son los coyotes los causantes de la migración, por ingrata y condenable que sea dicha actividad. Culparlos a ellos es una evasión de las casusas reales.
Otra causa, no subyacente sino que obvia, que explica esta tragedia de Ciudad Juárez es la presión de los Estados Unidos sobre México para que sea su “muro de contención” que evite la migración hacia ese país. Sin duda que esta presión provoca una conducta reprobable de México, aunque entendamos la asimetría que dicho país tiene en relación con Estados Unidos en su capacidad para resistirla. Sin embargo, se impone que “… el Estado mexicano revise su política migratoria…”, tal como lo expresó la Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional.
Terminemos esta columna reafirmando que el migrante no es un delincuente y que migrar no es un delito.
