Juan José Narciso Chúa
Las elecciones generales representan una de las etapas formales propias de una democracia, ciertamente la misma es un paso, una etapa formal, pero que al final tiene una incidencia significativa sobre el desenvolvimiento y ejercicio pleno de la “democracia”, (lo incluyo entre comillas, por el hecho que, en nuestro país, la democracia es todavía una aspiración, un remedo, una fachada arreglada de la misma como estamos hoy).
El ejercicio vivo de la democracia representa la parte sustantiva de la misma, es cuando el Estado trabaja para profundizar los resultados del ejercicio democrático que significa, en términos generales, el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas. En todo caso, las elecciones son una etapa formal, no es la democracia en sí misma y es el engaño que muchos pretenden realizar señalando que las elecciones constituyen en sí misma la democracia, pues votar –en el caso de Guatemala-, no significa el todo, únicamente es una parte.
Sin embargo, esta fase de las elecciones generales hoy juega un papel decisivo para el futuro del país, principalmente por la configuración que se ha venido dando acerca de las elecciones generales en Guatemala, hoy deja con más dudas las posibilidades de profundizar en el aspecto sustantivo de la democracia, puesto que las elecciones generales hoy representan un proceso amañado.
En realidad, las elecciones generales, tal como se presentan hasta hoy, se encuentran determinadas por la “justicia”, si ese proceso distorsionado del derecho que en la actualidad determina el resultado de la etapa previa a las elecciones generales en dimensiones distintas. Una, se ha arropado o disfrazado de legalidad todo el proceso, pero en realidad esa vestimenta es completamente falsa, pues al final dentro de esa falsa legalidad, lo que se ha hecho es definir qué candidatos llegan a las elecciones, pero lo principal es qué candidatos no entran al proceso de elecciones generales.
Los casos ya son conocidos y los mismos responden a un hecho indiscutible, todos aquellos candidatos o binomios o personas que se han excluido bajo una supuesta legalidad son los que hasta hace unas semanas representaban alto riesgo para el sistema, tales los casos del binomio del MLP, pues alcanzaban cifras importantes y con la inclusión de Jordán Rodas, se potenciaba el nivel de aceptación que los mismos podrían obtener, así como representaban una alternativa que podría haber capitalizado el descontento y la indignación existente.
El otro caso fue el de Roberto Arzú, quién osó hablar duramente en contra de las élites y en su discurso populista, provocó molestias y preocupaciones al sistema por lo que optaron por sacarlo “legalmente”.
Otro caso es el que se refiere al actual diputado Aldo Dávila, un personaje que se ha caracterizado por su lucha en contra del sistema, así como ha sido un monitor molesto para las élites y los políticos, por lo cual también lo terminaron excluyendo, por supuesto, “bajo la ley”.
Y el último caso se refiere al candidato a la alcaldía por la Ciudad de Guatemala, Juan Francisco Solórzano Foppa, una persona que también podría haber capitalizado una enorme cantidad de votos y puesto en jaque a la actual administración municipal.
Pero esta “justicia”, también ha actuado en contra de todas aquellas personas críticas con el sistema que incluye a ex fiscales, ex jueces, periodistas o cualquier crítico abierto de este sistema. Así, metieron a la cárcel a José Rubén Zamora, así actúan con infamia y venganza contra Virginia Laparra y otros, así como esta condición también ha provocado el exilio de jueces y fiscales.
La justicia hoy no sólo está enjaulada, sino que hoy constituye una herramienta de persecución política contra todos aquellos que hagan análisis, que generen columnas, que presenten críticas o bien que simplemente hagan bien su trabajo como jueces o fiscales, vaya paradoja, la decencia hoy se paga con cárcel, persecución o exilio.
