Desde la explosión informática de principios de siglo Israel ha venido siendo la incubadora de las grandes empresas y visionarios emprendedores. Se le ha llamado la “Nación de Startups”; una especie de Silicon Valley en el Medio Oriente. En un ambiente de sana competencia abundan en el país ingenieros de software, el entorno es agradable y pacífico (a pesar de la constante amenaza de ataques de algunos países vecinos). Desde hace 75 años el sistema jurídico ha sido sólido y han funcionado los balances de poder, los tribunales han venido siendo eficientes para derogar algunas leyes del Knesset. La industria de alta tecnología reporta al pequeño país cerca de un 54% de sus exportaciones y, obviamente, genera mucho empleo de calidad y con ello la circulación de riqueza. Pero al parecer las cosas están cambiando; algunas luminarias están pensando en emigrar en busca de otros horizontes. ¿Por qué?
El suplemento de The New York Times que se incorpora en la edición dominical de Prensa Libre comprende una visión amplia de diferentes aspectos en el plano mundial. En la edición del 12 de marzo aparece un artículo muy interesante en el que advierte que muchos empresarios de la tecnología de punta se están mudando o sacan su dinero de Israel. Pone de ejemplo al director ejecutivo de Papaya Group, una empresa de nómina valuada en más de US$1 mil millones. Cita también al director ejecutivo y cofundador de Wiz, una empresa de seguridad en la nube con valor de US$6mil millones. Si los emprendedores se van entonces el país deja de recibir los fuertes financiamientos que hacen los fondos financieros y especialmente las empresas de capital de riesgo (con ello la derrama financiera). El 90% de toda la inversión en computación proviene de fuentes extranjeras. Y todos los capitales son “golondrina”, huyen de ambientes hostiles en procura de mejores climas.
¿Cuál es la causa o los causantes de esta eventual estampida? Sencillo: los políticos. En efecto, el gobierno encabezado por Benjamín Netanyahu anunció planes para una reforma radical del poder judicial. Lo que pretende el partido oficial es reducir severamente el control de las cortes respecto a decretos del parlamento. En otras palabras, procura desarmar, desmantelar, el poder controlador de los tribunales sobre el legislativo y el ejecutivo; pretende también que el gobierno tenga más influencia respecto a los nombramientos de los jueces supremos. Esta iniciativa ha generado mucha inconformidad, manifestaciones masivas y, como se dijo, el anuncio de muchos empresarios de abandonar el país.
Y es que los grandes inversionistas son conscientes que no pueden destinar sus capitales a países con débil estructura jurídica, con poca certeza jurídica. Eso aplica para todos los países. Todos. Incluyendo a Guatemala. ¿Quién va a invertir en un país donde los intereses mezquinos prevalecen sobre la justicia?
La semana pasada Agexport hizo una presentación a candidatos sobre 5 puntos básicos para la reactivación económica y la tan necesitada generación de empleos (¿habrán puesto atención todos?). Los planteamientos son claros, bien estructurados y muy optimistas, pero en Guatemala no van a echar raíces dichas propuestas mientras no se consolide un verdadero estado de derecho. En tanto las cortes no sean totalmente independientes de toda injerencia política o económica el gran capital va a ser huidizo. Tímidos como son, los inversionistas van a buscar aires más oxigenados para la inversión; esos inversionistas tienen muchos expertos que ya tienen la radiografía de nuestro país (en donde ni siquiera se han elegido las cortes superiores). Bien por Agexport pero todavía falta mucho por hacer.
