La inscripción de Manuel Baldizón como candidato a diputado por el partido político Cambio recibió el pasado domingo 12 de marzo, en horas de la noche, la primera impugnación. Esta fue interpuesta por Podemos, de Roberto Arzú García-Granados.
Ronald Sierra, Secretario General del partido, presentó una acción de amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para frenar la inscripción del ahora candidato a congresista. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) resolvió su inscripción con mayoría de tres votos a favor y dos en contra.
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«Es lógico que un partido al cual no se le inscribió al binomio quiera ahorita dar patadas de ahogado subiendo su imagen a través de una impugnación», dijo Jorge Baldizón Vargas, fundador de Cambio.
Señaló que es la CC la que debe resolver conforme a la ley, y no están en contra de que Podemos siga el debido proceso.
Baldizón Vargas indicó que considera que están de acuerdo con el criterio utilizado por el TSE, en cuanto a que «la territorialidad del delito no puede afectar y es así como el TSE debe defender la soberanía del país», y añadió que en los procesos que está abiertos en el país se debe respetar la presunción de inocencia.
Para Baldizón Vargas, Podemos busca seguir en la palestra política a través de impugnaciones «porque ellos ya saben que están fuera», y pidió que no se mezclen las situaciones por las que se dejó fuera el binomio del partido que accionó de manera legal, con la situación de Manuel Baldizón.
PODEMOS: FALTA DE IDONEIDAD
Podemos argumentó en la impugnación que Baldizón no es idóneo para optar a un cargo de elección popular porque transgrede los criterios sociales aceptados. Además, cita el voto razonado del magistrado Aguilera.
“Fue condenado en Estados Unidos, en la Corte del Distrito Sur de Florida, por ‘conspiración para el lavado de dinero y que su conducta se desarrolló entre los años 2007 a 2018 (es decir, pasó 11 años lavando dinero del narcotráfico) incluyendo actos tales como: a) recibir dinero cuyo origen es el tráfico de drogas, b) realizar transacciones financieras con dinero cuyo origen es el tráfico de drogas y c) prometer y proveer ciertos privilegios a cambio de pagos en efectivo y otras compensaciones’”.
El partido de Roberto Arzú, PODEMOS, interpuso una impugnación contra la inscripción de Manuel Baldizón.
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Asimismo, la impugnación cuestiona que permitiendo su participación se pone en riesgo la institucionalidad de Guatemala, al permitir que Baldizón participe y tenga la posibilidad de dirigir un organismo estatal.
“En conclusión, honorables magistrados, el acto reclamado contribuye a deteriorar más en la percepción ciudadana el malogrado sistema democrático, y resulta evidente que el TSE está procediendo con notoria ilegalidad, por lo que es imperativo que se decrete el amparo provisional correspondiente”, se indica en el memorial.
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INSCRIPCIÓN DE BALDIZÓN
Después de haber solicitado la inscripción de Baldizón, como candidato a diputado, el Registro de Ciudadanos (RC) rechazó acceder a la petición. El argumento de la decisión fue el proceso judicial que se siguió en su contra en EE. UU., del cual se declaró culpable y por lo que fue condenado a 50 meses de prisión.
De esa cuenta, Cambio, el partido que proclamó a Baldizón y que fue creado por sus hijos, presentó un recurso de nulidad contra la resolución que lo excluyó del proceso electoral.
El TSE, integrado por Irma Palencia, presidenta; los magistrados titulares Mynor Franco, Ranulfo Rojas y Gabriel Aguilera; así como por el magistrado suplente Álvaro Cordón, conocieron el recurso legal.
Palencia, Franco y Cordón decidieron darle luz verde a la inscripción, y por mayoría se le permitió a Baldizón competir en los comicios. Mientras que Rojas y Aguilera votaron en contra.
CASO BALDIZÓN
Baldizón fue deportado de EE. UU. el 5 de octubre del año pasado, y derivado de eso ingresó al país en la misma fecha.
Su traslado se hizo después de que cumplió la condena de 50 meses de prisión que le fue impuesta por la justicia estadounidense.
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Ya en el país fue ligado a proceso penal en dos casos de corrupción: Transurbano y Odebrecht, y se ordenó su ingreso a prisión de manera preventiva.
Por medio de acciones legales, fue beneficiado con arresto domiciliario en ambos casos, y se le impusieron cauciones económicas que suman Q1.8 millones, las cuales canceló y por eso pudo salir de la cárcel Mariscal Zavala, el 11 de enero último.
El Ministerio Público (MP) se opuso a la libertad de Baldizón y el Juzgado de Mayor Riesgo D programó una audiencia para conocer ese extremo el próximo 24 de mayo.
