Mi solidario saludo a todas las mujeres que luchan por construir un mundo más igualitario, justo y democrático.
En Guatemala, el ejercicio del periodismo bajo asedio es una práctica común, como demuestra el informe del Observatorio de los Periodistas de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), divulgado el pasado mes de enero, el cual consigna que durante el período de gobierno de Giammattei, el Observatorio de los Periodistas de la APG ha registrado 404 agresiones contra la prensa: 149 en 2020, 135 en 2021, 117 en 2022 y 3 durante las primeras dos semanas del 2023. Así, el actual gobierno acumula la mayor cantidad de agresiones, ataques, hostigamientos y censura contra la prensa.
La actual administración, que ha cooptado casi todas las instituciones estatales, las utiliza para atacar a la prensa. En el reporte de 2022, el Observatorio de los Periodistas de la APG registró 117 casos contra la prensa en los que están involucradas autoridades y fuerzas de seguridad y empleados públicos, equivalentes al 59% del total. En muchos de estos casos están relacionadas autoridades del Ejecutivo y/o trabajadores de alguna dependencia gubernamental, el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el Congreso de la República, el Organismo Judicial, el Ministerio Público (MP) y la Corte de Constitucionalidad (CC).
Entre las agresiones a la prensa se incluyen obstrucción a la fuente (36), amenazas (16), intimidación (16), acoso judicial (12), difamación (10), desplazamiento forzado y exilio (2). Según la APG, “uno de los principales patrones de ataque normalizado por este gobierno es el acoso judicial, mediante la interposición de denuncias espurias, censura judicial para evitar la publicación de determinados temas o que se mencione a funcionarios en específico, así como la citación a declarar a periodistas por su labor. Para esta labor Giammattei cuenta con el irrestricto apoyo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscal General, María Consuelo Porras”.
Es en el anterior contexto que el actual gobierno se ha ensañado contra el periodista José Zamora Marroquín y contra el diario elPeriódico, y el Ministerio Público ha iniciado investigaciones espurias contra dos columnistas de ese diario, Edgar Gutiérrez y Gonzalo Marroquín, y contra los colegas Gerson Ortiz, Julia Corado, Cristian Velix, Alexander Valdez, Rony Ríos y Denis Aguilar sindicándoles, entre otros, del delito de obstrucción a la justicia por ejercer la libertad de prensa, lo cual constituye una flagrante violación al artículo 35 de la Carta Magna.
Por este acoso gubernamental y el contubernio de la CSJ, reporteros, columnistas y trabajadores de la prensa realizaron un plantón contra la censura y la persecución de periodistas, el sábado pasado, en la Plaza de los Derechos Humanos. Además, decenas de entidades de prensa, nacionales e internacionales, han condenado la política represiva de Giammattei, Consuelo Porras y la CSJ, demandando respeto a la libertad de expresión.
El lunes pasado, siete entidades de prensa acordaron declararse en asamblea permanente, y enviar invitaciones al Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca Villarreal, así como a la Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión de Naciones Unidas, René Khan, para observar la situación en el país.
“Dicha solicitud adquiere especial relevancia, porque el mandato de ambas relatorías es reunir toda la información sobre las violaciones del derecho a la libertad de opinión y de expresión, el hostigamiento, la persecución o la intimidación contra personas que traten de ejercer o promover el ejercicio de este derecho, en particular y como cuestión de alta prioridad, contra periodistas u otros profesionales que trabajan en la esfera de la información, dondequiera que estos hechos ocurran”, informó en un comunicado la Asociación de Periodistas de Guatemala, la Cámara Guatemalteca de Periodismo, el Circulo Nacional de Prensa, la Asociación de Cronistas Deportivos, la Cámara de Locutores Profesionales, Cronistas Deportivos Guatemaltecos y la Federación de Escuelas Radiofónicas.
Quienes defendemos la libertad y la democracia sabemos que a través de la libertad de expresión se manifiestan las demás libertades políticas y los derechos primarios básicos, como el derecho a la vida, a la paz y la igualdad solidaria y fraternal entre los seres humanos.
Como señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: “Solo mediante la libre expresión y circulación de ideas, la búsqueda y difusión de informaciones, la posibilidad de indagar y cuestionar, de exponer y reaccionar, de coincidir y discrepar, de dialogar y confrontar, de publicar y transmitir, es posible mantener una sociedad libre. Sin libertad no puede haber verdadero orden, estabilidad y justicia. Y sin libertad de expresión no puede haber libertad. La libertad de expresión y de búsqueda, difusión y recepción de informaciones sólo podrá ser ejercida si existe libertad de prensa”.
Es evidente que acallar la libertad de expresión, a las puertas del proceso electoral, conlleva la intención del pacto de corruptos de suprimir las denuncias de anomalías y fraudes durante el proceso, que se avizora plagado de anomalías.
Para el título de esta columna tomé prestado un aserto de Liu Xiaobo, defensor de los derechos humanos y Premio Nobel de la Paz en 2010, quien sostiene que “La libertad de expresión es la base de los derechos humanos, la raíz de la naturaleza humana y la madre de la verdad. Matar la libertad de expresión es insultar los derechos humanos, es reprimir la naturaleza humana y suprimir la verdad”.
