Los bancos del sistema, tienen fundadas sospechas que los fondos que manejan los partidos políticos, sean de ilícita procedencia y han pedido al Tribunal Supremo Electoral, su intervención ante la Superintendencia de Bancos, para aclarar la crisis que tienen. De conformidad con la Ley Electoral y de Partidos Políticos, las instituciones de derecho público, tienen derecho a contar con tres cuentas bancarias: manejar fondos públicos privados y los que se utilizan en las campañas políticas.
Están registrados 30 partidos políticos y cada entidad tiene asignados fiscales en el órgano electoral. En las reuniones que han tenido con los magistrados de dicho organismo, han solicitado su mediación y tener la libertad de hacer los depósitos dinerarios que ascienden a varios millones. Han demandado los dirigentes políticos que la ley que regula los eventos electorales, sea modificada y así resolver las dudas que tienen los bancos sobre del manejo de fondos.
Varios dirigentes políticos han sido encausados en los tribunales sobre los manejos mal habidos, pues se tienen fundadas sospechas que ese dinero provenga de narcos y financistas con tachas, según las denuncias que sustancia la fiscalía especial del Ministerio Público, al comprobarse que los dirigentes políticos reciben elevadas sumas de dinero de grupos anónimos y de narcos que financian las campañas políticas. La aspirante presidencial de la UNE. Sandra Torres ha sido incriminada precisamente de manejar fondos ilícitos en las elecciones de 2015 y si bien está libre y no ha sido condenada, no ha logrado despejar esas dudas, que nuevamente afloran por la negativa del sistema bancario que ese dinero es de dudosa procedencia.
En todos los procesos electorales se ha dudado de la credibilidad de los partidos políticos que ahora están en el ojo del huracán de la Superintendencia de Bancos, en razón a las consultas del sistema bancario que no quieren contaminarse y comprometerse con los partidos políticos que podría dar lugar que el Ministerio Público, les investigue y pierdan la confianza los inversionistas en el sistema bancario.
Hasta hora se no se avizora que el Congreso modifique la Ley Electoral y de Partidos Políticos y de lograrlo, entraría en vigor después de las elecciones de junio. Los diputados no se ponen de acuerdo en qué rango y aspectos debe modificarse dicha norma. Los congresistas están divididos y los anteproyectos que tienen y reformas que ha pedido el Tribunal Supremo Electoral, colisionan con los intereses de los dirigentes y en razón a ese divisionismo, se avizora se aprueben las reformas, en razón que los legisladores se ausentan del Congreso y están en precampaña en sus distritos, especialmente los que buscan su reelección.
Las dudas de los bancos con el aval de la Superintendencia son creíbles por la duda que se tiene sobre la procedencia de esos fondos y las dificultades de los partidos no es de ahora, de años atrás y el Tribunal Supremo Electoral, da por hecho que no puede presionar en los bancos porque se perdería la independencia que tienen las entidades bancarias y por supuesto el organismo que fiscaliza el sistema bancario que se regula por una ley que no ha sido modificada.
