La Conferencia Episcopal ha lanzado la alerta en torno a las elecciones generales convocadas para Junio entrante, exigiendo transparencia, que los candidatos no estén relacionados con el crimen organizado, situación que por años se ha venido dando con la venia de los gobiernos locales que tienen nexos con narcos que son sus financistas, especialmente en aquellos municipios donde el comercio, siembra y negocios ilícitos de droga, les ha permitido a los jefes edilicios a reelegirse facultad que les otorga ese derecho a igual que a los diputados, que nuevamente se postularan para realizar transacciones ilícitas mediante fraudes descarados, tendencia que por décadas se ha venido dando al engañar a los electores, especialmente del área rural que los engatusan con ofrecimientos que ya estando en sus curules no cumplen.
La mayoría de alcaldes con pocas excepciones, son caciques de sus comunidades; ese caciquismo les da el derecho de recurrir a testaferros, instando entre otros negocios, empresas de cable financiadas por los narcos que les autorizan de manera “solapada” sembrar y cosechar droga, muchas veces con la anuencia debajo de “agua” de las fuerzas de seguridad, mediante sobornos, perjudicando al vecindario que exige que se cumpla con lo que regula la Constitución y el Código Municiplal.
En varias ocasiones se ha demandado una reforma a fondo de la Constitución para evitar la reelección de diputados, un proyecto añejo que ha se engavetado, pues los más interesados para no aprobarlo serían por supuesto los legisladores que por varios períodos se han reelegido a igual que alcaldes que de la noche a la mañana se hacen millonarios con la tolerancia si se quiere ver de esa manera, de la Contraloría General de Cuentas que por ley tiene la facultad de fiscalizar los fondos que manejan a su antojo los alcaldes que se recetan salarios, viáticos y otros intereses esquilmando el presupuesto de su municipio que los tienen abandonados, por falta de agua potable y otras necesidades urgentes.
Los obispos con criterio claro y a la luz de la realidad nacional, por la poca transparencia que los Magistrados Electorales pueden dar en las elecciones generales, han señalado con mucha precisión, su temor que el evento comicial sea transparente, dado a la forma en que han resuelto varios expedientes sobre el registro de varias instituciones de derecho público, que llegan a treinta con una población con derecho a ejercer el sufragio de más de 8 millones y medio aquí en la República y una cantidad superior a los ochocientos mil que radican y están empadronados en los Estados Unidos.
Varias entidades de prestigio han hecho lo suyo y han exigido a los órganos electorales, que su trabajo en las elecciones de este año se realicen dentro de lo que encuadra y norma la Carta Magna y la Ley Electoral y de Partidos Políticos, marca de errores y no fue reformada como se exigió. La idoneidad y la transparencia deben ser el pilar de este proceso, donde es el pueblo el soberano el que tiene la obligación ahora de ejercer el sufragio sin presiones y que los futuros gobernantes no sean una marcada más de corrupción como ha sido usual, desgraciadamente donde se elige al peor.
Ya se conocen los nombres de los aspirantes a la presidencia. Varios de ellos tienen una hoja envidiable en su vida privada y política, por lo que se espera que las elecciones de este año, sean la columna vertebral para que nuestra Guatemala recobre el prestigio internacional que en el actual gobierno se ha visto severamente cuestionada por los errores cometidos por el hasta hoy presidente Giammattei y su camarilla de corruptos.
