Nicaragua liberó el jueves a más de 200 personas presas consideradas como opositores al gobierno del presidente Daniel Ortega y los mandó en un avión con rumbo a Estados Unidos, en lo que Washington dice abre la puerta para un mayor diálogo entre ambos gobiernos. En una declaración pública, el secretario de Estado, Antony Blinken, saludó la excarcelación de las 222 personas y destacó que el acontecimiento «es producto de una diplomacia estadounidense concertada».
El hecho «supone un paso constructivo para hacer frente a los abusos de los derechos humanos» en Nicaragua, indicó Blinken, mientras que el avión con las personas liberadas llegaban a la capital estadounidense. Indicó que entre los liberados figuran dirigentes políticos y empresariales, periodistas, representantes de la sociedad civil y estudiantes, y que Estados Unidos «facilitó su transporte seguro» al Aeropuerto Internacional Dulles y les está «proporcionando apoyo médico y legal para facilitar su llegada».
Previamente un funcionario de la Casa Blanca, quien accedió a hablar bajo condición de anonimato, aseguró a The Associated Press que todos los que fueron liberados y salieron del país centroamericano lo hicieron voluntariamente. Agregó que Washington llevaba «mucho tiempo pidiendo la liberación de las personas encarceladas en Nicaragua por ejercer sus libertades fundamentales, como primer paso hacia la restauración de la democracia y la mejora del clima de derechos humanos» allí.
Ortega ha dicho que los opositores encarcelados y otros estuvieron detrás de las protestas callejeras de 2018 que, según el gobernante, fueron un complot para derrocarlo. Decenas de miles han huido al exilio desde que las fuerzas de seguridad nicaragüenses reprimieron violentamente esas protestas antigubernamentales.
El gobierno de Ortega no se había referido a las liberaciones, pero una declaración emitida por el Tribunal de Apelaciones de Managua y leída en rueda de prensa en la jornada indica que se ordenó «la deportación inmediata efectiva de 222 personas» sentenciadas, según afirma, por cometer actos que «menoscaban la independencia» y por «incitar a la violencia».
De acuerdo con la resolución los excarcelados fueron «inahibilitados de forma perpetua» para ejercer cargos públicos o de elección popular. Y en una rápida acción, el Parlamento, en control del oficialismo, aprobó el jueves una reforma de ley para retirarle la nacionalidad a los excarcelados. Hasta el momento no se ha precisado cuántos ni quiénes continuarían detenidos en Nicaragua. Según cifras de la oposición nicaragüense, la cifra de «presos políticos» ascendía a 245 personas hasta esta semana.
La periodista Berta Valle, esposa del excandidato presidencial opositor Félix Maradiaga, dijo que el Departamento de Estado le había confirmado que su marido estaba entre los excarcelados. La Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN), una de las organizaciones importantes surgidas tras las protestas de 2018, confirmó de su parte en un comunicado la excarcelación de los líderes estudiantiles Lesther Alemán, Max Jerez, Mildred Rayo y Miguel Flores. «Nuestros amigos han sido liberados. Fueron desterrados por la dictadura sandinista hacia Estados Unidos», agregó.
A principios de 2021, Ortega intensificó la persecución de sus oponentes políticos con el fin de despejar el terreno de cara a las elecciones presidenciales de noviembre de ese año. La policía detuvo a siete posibles aspirantes a la presidencia y Ortega logró un cuarto mandato consecutivo en unas elecciones que Estados Unidos y otros países calificaron de «farsa». Los jueces nicaragüenses condenaron a penas de prisión por «conspiración para atentar contra la integridad nacional» a varios líderes de la oposición, entre ellos ex altos cargos del movimiento sandinista gobernante y antiguos aspirantes a la presidencia.
Hugo Torres, antiguo líder guerrillero sandinista que en su día dirigió una acción armada que ayudó a liberar de la cárcel a Ortega, murió en prisión el 14 de febrero de 2022 mientras esperaba el juicio. Tenía 73 años. Los jueces nicaragüenses también condenaron esta semana a prisión a cinco sacerdotes católicos por conspiración y difusión de información falsa. No se supo de inmediato si alguno de ellos estaba entre los liberados.
