Dos señalados en procesos penales distintos, pero que se centran en el mismo delito, lavado de dinero u otros activos, buscan ganar el cargo como alcaldes de Jutiapa y San José, Escuintla. Ambos son promovidos por el partido Valor cuya presidenciable es Zury Ríos.
Se trata del exdiputado Jaime Martínez Lohaiza quien competirá por la alcaldía de Jutiapa y Odilia González García, esposa del exalcalde del Puerto San José, quien busca posicionarse como alcaldesa en ese mismo municipio.
Gonzáles García fue condenada por un tribunal en 2017, pero una sala de apelaciones revocó la sentencia. En el caso de Martínez Lohaiza también fue sentenciado en 2019, pero a diferencia de quien aspira a ser alcaldesa cumplió su condena.
Analistas llaman a agotar procesos legales y reforzar al TSE para evitar la conflictividad electoral
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MARTÍNEZ LOAIZA ES SEÑALADO POR EE.UU. COMO CORRUPTO
Martínez Lohaiza fue diputado de la Gran Alianza Nacional (Gana) y del Partido Libertad Democrática Renovada (Líder). En 2017 fue capturado bajo señalamientos de lavado de dinero, tráfico de influencias y financiamiento electoral ilícito.
Dos años después, en 2019, lo condenaron a cinco años de prisión por uno de los delitos, el de tráfico de influencias a favor del empresario jutiapaneco Francisco Morales Guerra, alias “Chico dólar”.
Su implicación fue proteger a Chico dólar para garantizar no ser descubierto del blanqueamiento de al menos Q937 millones y financiar un partido político, de acuerdo a la investigación del Ministerio Público (MP).
Además, en 2019 fue incluido en un informe de corrupción en Centroamérica que remitió el Departamento de Estado de Estados Unidos. Ahí se le señaló por su papel en una estructura de lavado de dinero.
GONZALEZ GARCÍA Y SU VÍNCULO CON EL NARCOTRAFICANTE YAÑEZ OCHOA
El 3 de enero de 2020, Odilia González García, esposa de Jorge Rizzo, exalcalde de Puerto San José en Escuintla, fue beneficiada por una sala que le revocó una condena de seis años de prisión por su implicación en el caso “Drogas, Dinero y Poder Local”.
En 2017 el Tribunal de Mayor Riesgo B encontró culpable a Gonzalez García por el blanqueamiento de Q3 millones. Además, sus hermanos también fueron sentenciados ese mismo día.
El caso de la familia surgió luego de la detención, en 2012, del narcotraficante mexicano Manuel Antonio Yañes Ochoa, condenado a 28 años de prisión en octubre de 2016; él escapó de la cárcel.
Con las impugnaciones buscaban evitar la inscripción del binomio presidencial. Aquí los detalles👇 #LaHoraDeActualizarnos
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Según el MP, el narcotraficante detallaba con cuidado los movimientos de dinero de la familia. El exalcalde de San José y esposo de la ahora candidata de ese municipio habría recibido US$100 mil de manos del narcotraficante.
De acuerdo a la acusación del MP, la familia Gonzalez García lavó US$30 millones por medio de distintas modalidades, en una ocasión contrataron al cantante Marco Antonio Solís para ingresar el dinero ilícito como lícito.
VALOR SIN COMENTARIOS
La Hora se contactó con Comunicación Social del partido Valor para conocer los motivos de su decisión de apoyar a las referidas personas para el cargo de jefes ediles. Sin embargo, al cierre de la redacción de esta nota indicaron que no emitirían comentarios al respecto.
“¿Por qué los consideraron para esos puestos? ¿El partido Valor comparte los delitos cometidos por ellos en años anteriores?”, se cuestionó a lo que respondieron: “No vamos emitir ningún comentario”.
SE DESCONOCEN LOS CRITERIOS DEL RC
El 31 de enero, La Hora publicó la nota: “No hay claridad en los criterios del RC para establecer inscripción de candidaturas”, en la cual se mencionan los cuestionamientos que han surgido debido a que el Registro de Ciudadanos ha inscritó a candidatos señalados en procesos penales o por las autoridades de Estados Unidos.
El TSE resolvió declarar sin lugar el recurso de nulidad. Aquí los detalles 👇#LHElecciones2023 https://t.co/SY0FPFr1ac
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“Hasta el momento se han declarado como procedentes las inscripciones de postulaciones a las que les espera un debate jurídico y no queda claro cómo se ha aplicado el principio de idoneidad”, se destaca en ese reportaje.
También se recuerda que en el artículo 113 de la Constitución indica que “Los guatemaltecos tienen derecho a optar a empleos o cargos públicos y para su otorgamiento no se atenderá más que a razones fundadas en méritos de capacidad, idoneidad y honradez”.
