Sandra Xinico Batz
A nueve meses de que se consumara el fraude en las elecciones a la rectoría de la Universidad de San Carlos de Guatemala -USAC-, la mafia que controla la Universidad se ha empeñado en mantener de facto a Walter Mazariegos como rector (ilegítimo), porque de esta forma aseguran los privilegios que gozan y que el control de la única universidad pública continúe en manos de un grupo de personas que funcionan a modo de crimen organizado, que además tienen vínculos con altos funcionarios del mal gobierno, que los han protegido hasta hoy para que el fraude se mantenga.
Al ser la USAC una institución pública padece de los mismos problemas que el Estado colonial: corrupción, redes criminales, prebendas, criminalización, violencia institucional, autoritarismo y una completa desvinculación con las necesidades de la población. El Consejo Superior Universitario -CSU- es un ente criminal, que en todo momento ha defendido dicho fraude y que ha sido corresponsable del deterioro de la democracia universitaria. Lamentablemente esta situación no es nueva, sino que es el resultado de una consecución de malos gobiernos universitarios, que han usado a la USAC como un trampolín político.
El fraude es la punta del “iceberg”; por esto es necesario un cambio estructural y la implementación de un nuevo modelo político, que haga que la Universidad cumpla con su verdadera función social y de generación de conocimiento. Estamos hablando de un cambio que fomente el pensamiento crítico y la acción, en contraposición a la actual titulocracia mediocre, que mantiene en la pasividad a estudiantes y docentes que con su indiferencia dan legitimidad a la injusticia y la impunidad que se cometen no solo en la Universidad sino en el país.
Es de cobardes arremeter contra el estudiantado usando la institucionalidad de la Universidad como lo está haciendo el CSU, que ayer expulsó al representante estudiantil Camilo García, quien está siendo castigado por tener una postura crítica y de repudio frente al fraude electoral. Ser estudiante no es únicamente asistir a clases o estar en aula, ser estudiante significa también defender la ética de la Universidad y el derecho a la educación pública de calidad; estos han sido los “delitos” cometidos por Camilo según el CSU, por los cuales se le está ventando el derecho a la libre expresión del pensamiento y de cumplir su función como representante del estudiantado.
Esta expulsión marca un precedente peligroso para la resistencia estudiantil, porque da las herramientas jurídicas para futuros casos de criminalización contra otras y otros estudiantes, que han estado luchando contra el fraude. ¿Cómo puede ser posible que la agencia política de un estudiante sea motivo para su expulsión, pero la corrupción de docentes y autoridades universitarias sea solapada y premiada?
Mi llamado es a la juventud universitaria y del país (que de seguir la situación como está nunca tendrán oportunidad a acceder a la Universidad pública) a levantarse ante los abusos, a rebelarse contra este estado de cosas que pretenden mantenernos sumidas y sumidos en este empobrecimiento voraz, que queramos o no, puede ir de mal a peor… mucho peor.
