La organización internacional aseguró el viernes que posee datos oficiales sobre violaciones masivas del debido proceso, hacinamiento extremo en las cárceles y muerte de personas bajo custodia de las autoridades durante la vigencia del régimen de excepción en El Salvador.
En un comunicado de prensa, Human Rights Watch dijo que una fuente confiable -a la que no identificó- señaló que la base de datos pertenece al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y que para evaluar la autenticidad comparó esa información con otras fuentes, incluidos casos documentados por organizaciones locales o reportados en los medios de comunicación, e identificó 300 coincidencias.
La base de datos enumera los nombres de las personas procesadas entre marzo y fines de agosto de 2022, los delitos que se les imputan, las cárceles adonde fueron enviados y la cantidad de personas a las que se les decretó la detención provisional. Human Rights Watch aseguró que la información indica que miles de personas, «incluidos cientos de niños y niñas han sido detenidos y procesados por delitos definidos de manera amplia que violan las garantías básicas del debido proceso y socavan las perspectivas de justicia para las víctimas de la violencia de las pandillas».
El Congreso salvadoreño, de mayoría oficialista, aprobó por primera vez el estado de excepción el 27 de marzo del año paso, un día después de que se registraran 62 homicidios en una misma jornada, un nivel de violencia que no se veía en el país en mucho tiempo, atribuidos a las pandillas.
NEW: A leaked database points to serious human rights violations committed during a state of emergency in El Salvador.
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— Human Rights Watch (@hrw) January 27, 2023
El estado de excepción limita la libertad de asociación y suspende el derecho de una persona a ser debidamente informada de sus derechos y motivos de arresto, así como la asistencia de un abogado. Según la última cifra oficial 61.000 personas han sido detenidas desde la vigencia del estado de excepción.
Ante una consulta de The Associated Press la casa presidencial indicó que aún no había visto el informe y que por el momento no tenía ningún comentario al respecto. Human Rights Watch indicó que la información filtrada revela que las autoridades salvadoreñas han sometido a los detenidos a un hacinamiento extremo en centros de detención y que han hecho muy poco para garantizar el acceso a la justicia.
«Esta base de datos permite corroborar graves violaciones de derechos humanos cometidos durante el régimen de excepción», afirmó Tamara Taraciuk Broner, directora en funciones para las Américas de la organización. Human Rights Watch le ha pedido al presidente Nayib Bukele y al Congreso que pongan fin al estado de excepción pero el mandatario ha justificado la medida alegando que es una «herramienta para hacer frente a los «terroristas».
En tanto, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, afirmó recientemente que ninguna organización internacional va decirle a El Salvador cómo tiene que resolver sus problemas y sostuvo que los números demuestran que la estrategia ha sido exitosa. De acuerdo con cifras oficiales, el país cerró 2022 con un registro de 495 homicidios, la cifra más baja en las últimas décadas. Pero esto no incluye al menos 120 homicidios de supuestos pandilleros fallecidos en presuntos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.
En 2015 el país centroamericano -considerado entonces uno de los países más violentos del mundo- registró 6.656 homicidios, una tasa de 106 muertes violentas por cada 100.00 habitantes. En lo que va de este año se han reportado 10 homicidios, incluido el de un presunto pandillero que falleció en un intercambio de disparos con las autoridades. Además del estado de excepción el Congreso también reformó el Código Penal y Procesal Penal para convertir en delito formar parte de una pandilla, lo que puede sancionarse con una pena de 20 años de prisión. Los cabecillas pueden recibir condenas de 40 a 45 años.
En los delitos relacionados con el crimen organizado, que incluye a las pandillas, se aplican 20 años de prisión a adolescentes mayores de 16 años y hasta 10 años a los mayores de 12. Las pandillas, con presencia en comunidades y barrios populosos del país, están involucradas en el narcotráfico y la delincuencia organizada. Extorsionan a comerciantes y empresas de transporte y asesinan a quienes se niegan a pagar, según las autoridades. En 2012 Estados Unidos incluyó a la pandilla Mara Salvatrucha en una lista de organizaciones internacionales y tres años después la Corte Suprema de Justicia de El Salvador declaró que era grupo terrorista junto a la pandilla Barrio 18.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, Amnistía Internacional y Human Rights Watch cuestionaron la “suspensión de derechos básicos” y alertaron sobre la falta de “garantías judiciales” en El Salvador.https://t.co/zt1F7eTR0H
— Newsweek en Español (@NewsweekEspanol) January 22, 2023
