POR REDACCIÓN LA HORA
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El presidente Otto Pérez Molina dijo ayer en una cadena nacional de medios de comunicación que no renunciará al cargo, a pesar de la acusación en su contra de la CICIG y el MP por su presunta implicación en un histórico caso de defraudación aduanera y contrabando. El mandatario dejó ver que se afianzará en el cargo, y para eso se plegará a las normas del sistema político y a sus actores, a quienes una vez criticó y que ahora se encuentran en el ojo del huracán.
En su discurso Pérez Molina se ciñó a un guión en el que incluyó a diversos actores y elementos del sistema político, como organizaciones sociales, elecciones, corruptores e instancias extranjeras, para argumentar su permanencia en el cargo.
A continuación, un análisis de los temas clave del discurso:
1. Organizaciones sociales y los onerosos pactos colectivos
El presidente Pérez Molina abogó por una manifestación en “toda su fuerza” de “esa Guatemala profunda, de las organizaciones sociales, esa Guatemala rural que ha estado en el centro de mi atención, esa Guatemala plural y diversa”. “Los insto, hoy como nunca, a defender nuestra incipiente democracia, a ver con optimismo el futuro y a hacer las transformaciones profundas del Estado, que nos abran el camino hacia una Guatemala más segura, más justa, más transparente, más participativa y más próspera”.
Pérez Molina y el Ejecutivo han mantenido una relación cercana con Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), liderada por Joviel Acevedo y con el Frente Nacional de Lucha, con Luis Lara al frente, así como con organizaciones sociales de cuestionada legitimidad como la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (Conic) y la Unidad de Acción Sindical y Popular (Uasp).
Estas organizaciones han manifestado su apoyo a las causas del Ejecutivo en diferentes manifestaciones públicas, y hoy algunas han realizado una caminata, como se lo solicitó el mandatario en su mensaje de anoche.
Estas organizaciones han recibido beneficios a cambio de su apoyo, a través de la firma de pactos colectivos de trabajo entre ministerios y sindicatos, que les otorgan beneficios que representan un alto costo para el Estado. Este año, el Pacto Colectivo de Trabajo suscrito entre el Gobierno el Ministerio de Salud y el sindicato mayoritario de esa cartera tendrá un costo de Q1 mil 835 millones, mientras el Ministerio de Educación adquirió una carga que supera los Q1 mil millones en este rubro.
2. Llama a un “voto consciente”, pero cambiar personas no es la solución
El Presidente dijo anoche que la ciudadanía “debe de entender que la única manera legal de elegir a sus autoridades es por la vía del voto consciente y responsable de todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas”.
El mandatario dio su respaldo al proceso electoral, que está programado para el próximo 6 de septiembre, a pesar de que diversas instancias de la sociedad civil consideran que no hay condiciones para celebrar los comicios.
El mismo Otto Pérez Molina a mediados de mayo pasado dijo que cambiar a una persona no es la solución a la crisis, sino que lo se necesita son cambios de fondo para el sistema, al tiempo que reconoció que las manifestaciones de los guatemaltecos están motivadas por el hartazgo debido a la corrupción.
Pérez agregó que la línea conductora de las manifestaciones no solo es la corrupción sino una depuración. Lo que aquí necesitamos es hacerle cambios de fondo al sistema, sin esos cambios de fondo, el mismo va a colapsar, dijo.
Pérez, al igual que las cámaras empresariales, se limita a pedir un “voto consciente” que se dará bajo las mismas reglas, consolidando el sistema político actual.
El abogado Alfonso Carrillo señaló, recientemente, que la única salida a este escenario es la cancelación de los comicios y de las agrupaciones partidarias que han violado insistentemente la ley electoral, por lo que apela a la voluntad de la Corte de Constitucionalidad y el Tribunal Supremo Electoral, “para que cumplan su deber”, entes donde hay varios recursos legales pendientes de resolver para el efecto.
“La celebración de elecciones supone ignorar el clamor ciudadano y atizar el mal que nos roe como sociedad. Anular el proceso electoral es indispensable porque actualmente compiten muchos candidatos de dudosa honorabilidad, personajes imputados por delitos de corrupción, lavado de dinero y abuso de poder, que en lugar de hacerse a un lado, anteponen sus ambiciones en pos de las mayorías”, puntualizó el jurista.
3. Rechaza injerencias extranjeras
En su mensaje a la nación, el gobernante estimó inaceptable “que en Guatemala se pretenda instalar una estrategia intervencionista, que tiene como objetivo dictarnos qué o no hacer y quebrantar la democracia”. “Si a ciertos sectores de la comunidad internacional y a algunos grupos de poder del país no les parecen adecuados los candidatos a dirigir Guatemala, primero deberán hacer a un lado sus intereses particulares y por fin ver por el interés del pueblo y la nación guatemalteca. Sin duda, tendrán la oportunidad de fiscalizar objetivamente al siguiente gobierno”.
Las palabras del Presidente fueron percibidas como un señalamiento contra la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que en conjunto con el MP, ha señalado al presidente Otto Pérez Molina por su presunta implicación en el caso de contrabando y de defraudación aduanera y que, además, ha presentado un informe sobre el financiamiento oscuro de los partidos políticos.
Aunque el mandatario fue duro con una supuesta “estrategia intervencionista” y la “comunidad internacional”, en abril pasado reconocía la importancia de la permanencia de la CICIG en el país, mientras anunciaba la extensión de su mandato.
El anuncio del mandatario se dio el pasado 23 de abril, a pesar que meses atrás había mostrado públicamente su férrea oposición a la continuidad del ente internacional de investigación. La CICIG comenzó a trabajar en Guatemala en 2007 con el mandato no solo de investigar y desmantelar redes de corrupción y aparatos clandestinos enquistados en el Estado sino también proponer reformas legales y constitucionales para fortalecer el sistema judicial. La misma ha sido prorrogada en 2009, 2011 y 2013.
4. Apoya transformaciones, pero no se ve voluntad
El mandatario señaló anoche que “los acontecimientos recientes han originado un sentimiento generalizado de descontento y protesta social, que han movilizado a diferentes sectores de la sociedad guatemalteca en la ciudad y en el interior del país, con la demanda de reformas a diferentes leyes y a la depuración de la clase política y de los tres poderes del Estado”. Consideró que “ignorar las demandas manifiestas de la población en su ejercicio ciudadano, expresado en la coyuntura actual a nivel nacional, es un alto riesgo. El fin superior –apuntó el mandatario- es resguardar la institucionalidad y avanzar en las transformaciones urgentes en lo político, legal y administrativo”.
Hasta la fecha el Ejecutivo solo ha impulsado una cuestionada reforma a la Constitución, pero no han surgido propuestas para reformar el sistema con la orientación que exige la ciudadanía, es decir, con miras a eliminar el financiamiento privado de las campañas electorales, reconocer el voto nulo como una opción vinculante o limitar la reelección de funcionarios públicos, entre otros aspectos.
Si bien el Tribunal Supremo Electoral presentó una propuesta de reformas contemplando algunos de estos aspectos, en el Congreso se modificó la iniciativa. Recientemente Carlos Alvarado, rector de la Universidad de San Carlos, criticó que se hicieran cambios sustanciales a la propuesta de reformas planteada por el TSE y el pliego petitorio que presentó a la Plataforma Nacional para la reforma del Estado, con miras a realizar una verdadera reforma política.
Alvarado solicitó que se respete la propuesta inicial del TSE e instó a que previo a la contienda electoral se aprueben de inmediato aspectos fundamentales tal como el voto nulo, en donde pidió que sea vinculante; la reelección acotada, no al transfuguismo y permitir que los comités cívicos electorales puedan postular candidatos a diputados.
5. Contrabando y defraudación: problemas históricos
Sobre las acusaciones por su presunta implicación con la estructura “La Línea”, Pérez declaró que “categóricamente rechazo mi vinculación a la misma y el haber recibido dinero alguno de esa operación de defraudación aduanera”, y enfatizó que “mi conciencia en ese sentido, está tranquila”. Dijo entender la lógica de los fiscales, pero también pidió que “comprenda todo el pueblo de Guatemala que no hay una línea, son dos, y hasta ahora ha aparecido la que recibe, pero no la que paga, sin duda enraizada en el sector empresarial y que espero pronto aparezca en toda su magnitud, dado que las mismas investigaciones señalan su carácter histórico”.
El mandatario negó su participación en el caso de defraudación aduanera y contrabando y a la vez, dirigió su atención hacia el sector empresarial, que a su criterio también está implicado en los ilícitos.
El mandatario reconoció el “carácter histórico” de los ilícitos en las aduanas, pero durante su Gobierno no se han efectuado acciones concretas para combatir este flagelo. Pérez Molina ordenó una “intervención operativa” de las aduanas del país entre 2013 y 2014, aumentando la presencia militar y algunos controles, pero a criterio de expertos, los resultados no fueron efectivos.
Por otro lado, la cúpula empresarial pidió el viernes por la noche al Presidente su «renuncia inmediata». Jorge Briz, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), dijo que los señalamientos de corrupción contra el mandatario tienen «fundamentos importantes, que inducen a considerar la supuesta comisión de delitos».
Briz, acompañado por presidentes y directivos de todas las cámaras empresariales que representa el CACIF, no descartó acciones de presión contra el mandatario si éste no atiende el pedido.
Al mismo tiempo advirtió al Legislativo para que actúe «con responsabilidad» y le hizo un «serio llamado» a escuchar el clamor de la población.
