Factor Méndez Doninelli
Para la ciudadanía guatemalteca, el 2023 es un año que abre la oportunidad de promover cambios en la conducción política administrativa del Estado y del Gobierno.
La Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), Decreto 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente vigente desde hace 38 años, en los artículos 196 se establece que la segunda quincena de enero del año electoral, se convocará a elecciones generales y el 199 indica la clase de comicios que, en el presente caso, comprenden elegir al presidente y vicepresidente, diputados al Congreso Nacional y Corporaciones Edilicias (alcaldes y Consejos Municipales.)
El próximo 21 de enero, el Tribunal Supremo Electoral inicia la inscripción de candidatos y con eso arranca la carrera electoral en la que no menos de 28 partidos políticos entrarán en la arena política para competir por las distintas candidaturas a los diferentes cargos de elección popular.
La cantidad de partidos políticos en un pequeño país centroamericano como Guatemala, es un reflejo muy claro del subdesarrollo de la clase política y de la misma ciudadanía que, desde 1985 es convocada cada cuatro años para ejercer los derechos políticos ciudadanos de elegir y ser electos.
Pero lo que no se distingue es que, los ciudadanos son convocados a votar y con eso a legitimar al sistema político electoral obsoleto y desigual que está vigente. Son otros los que eligen con anticipación a quienes ascenderán al ejercicio del Poder Político.
Son las élites económicas conservadoras y saqueadoras, los grupos corporativos nacionales y transnacionales confabulados con redes de crimen organizado, de corrupción e impunidad con sus testaferros y lacayos los que han usurpado el Poder Público desde 1954 y sostienen el actual sistema desigual, injusto, racista y discriminatorio que prevalece.
Las elecciones de este 2023, son una ventana de oportunidad para evitar que la misma clase política conservadora, fundamentalista, corrupta e impune continúe ocupando los más importantes cargos de la administración pública. Es una coyuntura para demostrar el poder ciudadano, el valor del voto, no como un simple ejercicio clientelar de los políticos mañosos, sino como una poderosa arma ciudadana para expulsar del Poder a los corruptos que tienen capturado al Estado para satisfacer intereses personales y de grupos.
Los derechos políticos son derechos humanos individuales que el ciudadano tiene que hacer valer. La clase política que hasta ahora ha gobernado en el país, ha conseguido colocar a Guatemala con los peores indicadores económicos, sociales y políticos. Los ejemplos están a la vista: Aumento de la miseria, el hambre, la pobreza. Analfabetismo de 25% del total de la población, especialmente indígena. Incremento de la desnutrición crónica infantil. Desempleo, emigración forzada, explotación laboral. Altos índices de violencia e inseguridad social.
Guatemala merece salir del subdesarrollo humano y político. Es necesario que el proceso electoral sea legal, transparente, equitativo, libre de tráfico de influencias, informado y con libre acceso a las fuentes de información.
Desde 1954 a la fecha, la situación política guatemalteca ha sido inestable, regida por gobernantes de facto, golpes de Estado, mandatarios conservadores, fundamentalistas, autoritarios, antidemocráticos, represivos e intolerantes.
El panorama en este año electoral puede pintar distinto para Guatemala, si se logra una amplia coalición unitaria de sectores sociales y políticos progresista, democrática, humanista e incluyente que derrote de forma aplastante los proyectos políticos conservadores, fundamentalistas, autoritarios, antidemocráticos y corruptos que quieren seguir ordeñando al Estado y sometiendo a la sociedad.
