La exfiscal Virginia Laparra no tendrá que pagar dinero en concepto de reparación digna al Estado puesto la Procuraduría General de la Nación (PGN) no logró establecer cuál fue el daño ocasionado al país, según la resolución del Tribunal Octavo de Sentencia Penal emitida este miércoles 21 de diciembre.
El fallo fue dictado cinco días después de que la exjefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) de Quetzaltenango fuera condenada a cuatro años de prisión conmutables por el delito de abuso de autoridad en forma continuada.
PGN PIDE DE Q215 MIL
Durante la audiencia, la PGN solicitó a la jueza Oly González que se ordenara a Laparra resarcir al Estado por Q218 mil 958 por daños y perjuicios.
El monto que se requirió fue equivalente al sueldo que la exoperadora de justicia devengó entre octubre de 2018 y noviembre de 2019, es decir durante 13 meses.
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Caso Odebrecht: Brasileños no quieren declarar, dice FECI👉 [https://t.co/wnfAKcL3E3] pic.twitter.com/ySF6q7rjg6— Diario La Hora (@lahoragt) December 21, 2022
Durante dicho periodo, la exfiscal interpuso cuatro denuncias administrativas en contra del exjuez Lesther Castellanos, ahora relator contra la Tortura en Guatemala, por haber filtrado información de un caso bajo reserva judicial. Esos señalamientos son la base de una denuncia, una acusación y la condena impuesta a Laparra.
Las abogadas de la exfiscal se opusieron a la petición y argumentaron que “ella no se dedicó solo a poner denuncia en contra de Castellanos. Ella llevaba altos casos de corrupción en la FECI de Quetzaltenango”.
Además, le dijeron a González que la PGN no estableció el daño y perjuicio cometido en contra del Estado.
De esa forma, la juzgadora consideró que “la PGN no explicó, ni fue clara sobre cuál fue el daño ocasionado”. Por lo tanto, no impuso ninguna sanción a la exfuncionaria anticorrupción.
EL CASO
La condena a prisión se remonta a un caso que surgió cuando Laparra denunció en 2018 al entonces juez Castellanos por supuestamente filtrar información de un proceso judicial en reserva al abogado Omar Barrios, quien era externo al caso.
Tras la denuncia, el juez recibió una sanción administrativa, la cual fue revocada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con posterioridad.
Después, el mismo juez denunció a Laparra, quien trabajaba en la FECI. Señaló que ella actuó sin la autorización del jefe de la fiscalía, Juan Francisco Sandoval, quien está exiliado en Estados Unidos. Ese argumento fue aceptado por el Tribunal para emitir la condena contra la fiscal.
El pasado viernes 16 de diciembre, el Tribunal condenó a cuatro años de prisión conmutable a Laparra.
También se mantiene vigente otro proceso penal en contra de la exfiscal en Quetzaltenango, por el supuesto delito de revelación de información confidencial, el cual derivó por el caso ya juzgado.
