Todos los días toca reportar accidentes de tránsito que se producen tanto en áreas urbanas como en las maltrechas carreteras y, a pesar del saldo mortal de muchos de ellos, tanto los ciudadanos como las autoridades simplemente damos vuelta a la página porque se ha vuelto tan pan de cada día la situación que nadie se inmuta ni, por lo visto, se preocupa. En las últimas horas un bus de pasajeros se embarrancó y dos furgones se estrellaron contra vehículos particulares, en lo que es la simple reiteración de que en Guatemala no existe, en absoluto, la seguridad vial porque ni los conductores ni las autoridades toman conciencia de cuán grave es la situación.
En el accidente de Villalobos 17 vehículos fueron destrozados por un tráiler que, según reportó una de las víctimas, bajaba a toda velocidad rebasando automóviles y motocicletas hasta que llegó a un punto donde el tráfico se había detenido por los corrientes congestionamientos en el sector. En el transporte pesado es patética la situación porque no hay un asomo de responsabilidad y los dueños de transportes siguen contratando pilotos irresponsables que hacen lo que les da la gana, aprovechando la ausencia de autoridades competentes que sepan actuar para prevenir esas tragedias.
Muchas veces he escrito que urge una legislación que aplique severas sanciones, incluyendo el retiro definitivo de la licencia de conducir, contra quienes causan estos percances, pero el problema va mucho más allá porque generalmente las autoridades se conforman con reportar que el piloto irresponsable escapó del lugar y, por lo visto, los dueños de camiones o buses no tienen registro de quiénes son sus empleados a cargo de cada una de las unidades. Solo así se explica que ni a los pilotos ni a los dueños del transporte les caiga la viga y eso, esa certeza de impunidad, es lo que alienta el caos vial en el que tenemos que vivir.
Un Ministerio Público eficaz tendría que hacer verdaderas investigaciones cuando se produce un accidente mortal pero resulta que su trabajo se limita a ordenar el retiro de cadáveres, tal y como hacen cuando algún pobre albañil cae de algún alto edificio en construcción. No se sabe de ninguna fiscalía competente que tenga personal especializado para investigar a fondo las causas de los accidentes mortales en el tránsito y quienes llegan portando sus chalecos distintivos simplemente apuntan placas para cumplir con un requisito, pero nunca se sabe que por la investigación de los fiscales se condene a los responsables de un percance vial. No se condena a los pilotos y mucho menos a quienes entregan la responsabilidad de conducir un transporte pesado o público a patanes que se sienten dueños de la vía pública.
Y las diferentes policías de tránsito, tanto nacional como municipales, tienen otros encargos y poco les importa la inseguridad vial. Media vez cumplan con la cuota que les ponen de multas impuestas y/o cobradas, ya sienten que están cumpliendo con su deber y un par de pitazos de cuando en cuando, para hacerse notar y embotellar más el tráfico, bastan para que puedan rendir su parte sin novedad.
Todos estamos expuestos en esta anarquía pero, otra vez, nuestra indiferencia como ciudadanos no ayuda a resolver los problemas.
