Pedro Pablo Marroquín Pérez
pmarroquin@lahora.gt
@ppmp82
La sentencia de ayer en contra de Virginia Laparra fortalece un sistema en el que la nueva tendencia es hacerse el sordo, ciego y mudo en todo aquello relacionado al sistema y sus operadores del momento.
Hace unos días expresaba que el problema de Consuelo Porras ha sido su elección por ignorar la corrupción de quienes la han elegido. Hasta el momento no se le señala de recibir dinero o algo por el estilo, son sus alianzas las que la han convertido en una buena garantía de impunidad.
Ella es mucho de hacer alianzas, pero cuando alguien las rompe sí que toma acción. Fue muy cercana con un periodista y cuando se sintió atacada tras su sanción procedió con celeridad y luego de haber servido a Alejandro Giammattei, usó la información de sus casos para doblar la mano al mandatario cuando quedó relegada y abandonada en la elección de Fiscal General.
Esa tendencia de denunciar o proceder legalmente en casos que se sienten más venganza que búsqueda de justicia, ayer sumó otro factor y es que nadie querrá denunciar a un juez porque luego le puede pasar las de Laparra. Lesther Castellanos era uno de esos jueces del sistema y era tan del sistema, que no tuvo problema en negociar con los diputados y operadores del sistema para que lo nombraran Relator contra la Tortura.
Se presentó una denuncia que llevaba su proceso porque Castellanos tenía antejuicio por su calidad de juez, pero el punto es que ahora los pocos fiscales comprometidos con las leyes que quedan se autolimitarán, porque ya saben lo que les podrá pasar si actúan de manera consecuente con su trabajo y la Constitución que juraron defender.
Todo esto nos acerca más a realidades como las de Nicaragua que ahora preocupan mucho a tantas personas, al punto de que han centrado sus baterías en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) porque les inquieta hasta un manoseo de la elección.
Ver quiénes eran los actores en el proceso de Laparra y la manera en la que éstos y los NetCenters se centraban en el caso, debe encender las alarmas de aquellos a quienes les interesa el fortalecimiento de un Estado de Derecho que está en serios apuros en Guatemala.
Hay quienes limitan el debate a que ella era parte de la FECI que incomodó a muchos, pero la discusión no puede ser esa porque la justicia no puede ni debe ser de péndulos o venganzas. Si alguien aplaude esto solo porque ella era de la antigua FECI, debe entender que en el futuro ese mismo sistema le pasará factura cuando no digan amén a los deseos de los más oscuros personajes.
Se está fortaleciendo una cultura de silencio ante posibles actos en contra de la ley, se está premiando el silencio ante la corrupción rampante y se está premiando más a quienes nadan en el mar de la impunidad que aquellos que transitan por el camino de la ley.
Ha quedado evidenciado el doble rasero de los investigadores y el sistema mismo. Si Laparra habría sido contratista de obras que recibe millones y que reparte dinero que luego sirve para pagar los votos en el Congreso, por citar solo un ejemplo, no solo habría estado cómoda en su casa sino habría coincidido en los mismos espacios con quienes hoy celebran su condena.
Fortalecer el Estado de Derecho para que todos actuemos al tenor de la ley debería ser la meta de los guatemaltecos que ya entendieron que la ruta que llevamos no edifica.
