Virginia Laparra, exjefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) de Quetzaltenango. Foto: La Hora / José Orozco

Afortunadamente, la fiscal de la FECI Virginia Laparra podrá volver a su hogar para cuidar de sus hijos, tras el pago de más de 14,000 quetzales para conmutar la absurda condena que le fue impuesta en uno de los casos más burdos que se pueda alguien imaginar. Como Fiscal denunció a un juzgador que filtraba información reservada, cumpliendo así con su obligación de garantizar el respeto a la ley, pero se topó con que el denunciado gozaba de tanta protección que hasta fue electo posteriormente como Relator Contra la Tortura en Guatemala donde, desde luego, no mueve un dedo más que para cobrar el sueldo.

El caso es realmente bochornoso porque se juzgó a alguien simplemente por hacer su trabajo, por cumplir con sus funciones específicamente detalladas en la ley, denunciando la posible comisión de un crimen. Ella no impuso ningún castigo al abogado Lesther Castellanos ni le privó de ningún derecho puesto que solamente formuló la denuncia correspondiente que tendría que haber dado lugar a un juicio en el que la justicia tendría que valorar pruebas y decidir. Aún y cuando esa justicia lo hubiera absuelto, eso no significa que haya existido delito porque si cada Fiscal del país tuviera que enfrentar proceso por los casos que denuncia y no llegan a resolución condenatoria, habría casi tantos fiscales presos como pandilleros en la cárcel.

Evidentemente, fue un montaje para castigar a quienes formaron parte de la antigua FECI, cuando esa Fiscalía cumplía con su función de investigar distintas formas de corrupción para combatir la impunidad. Parte de esa justicia selectiva que se denuncia con toda claridad y firmeza desde el extranjero porque no hay forma de disimular los vicios que ahora pululan en el ente encargado de la investigación criminal.

Virginia Laparra estuvo detenida diez meses en condiciones realmente inhumanas por un supuesto delito que ni siquiera implica enviarla a prisión porque la pena, absurda, es conmutable. Nadie le resarcirá ese inhumano castigo, esa inhumana tortura ante la que, por supuesto, el Relator Contra la Tortura no solo calló sino que hasta aplaudió.

Este grave estado de descomposición que presenta nuestro Sistema de Justicia es preocupante porque es uno de los brazos principales de la Dictadura de la Corrupción que dispone de los medios para enviar impúdicamente a prisión a quienes le resultan molestos. Y no hay visos de que la situación pueda cambiar porque, al contrario, cada vez es mayor el irrespeto al Estado de Derecho y la violación de las más elementales garantías para los derechos individuales de los guatemaltecos.

Redacción La Hora

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