Es muy grave que la Asociación de Periodistas de Guatemala, con 75 años de trayectoria, sindique al Organismo Judicial (OJ) y al Ministerio Público (MP) de impulsar una política de terror judicial en contra de la prensa, obedeciendo al gobierno, en el informe el “Estado de Situación sobre la Libertad de Expresión 2022”, presentado el pasado lunes 12 de diciembre.
El Principio No. 13, numeral 56, de la “Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión”, establece que el “Estado debe abstenerse de utilizar su poder y los recursos de la hacienda pública con el objetivo de castigar, premiar o privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas. Su rol principal es el de facilitar el más amplio, plural y libre debate de ideas. Cualquier interferencia que implique restringir la libre circulación de ideas debe estar expresamente prohibida por la ley. Presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión”.
Por su parte, el Relator Especial sobre Libertad de Expresión de la OEA ha sostenido que “al imponer presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales se obstruye el funcionamiento pleno de la democracia, puesto que la consolidación de la democracia en el hemisferio se encuentra íntimamente relacionada al intercambio libre de ideas, información y opiniones entre las personas”.
Contraviniendo todo este andamiaje de principios y normas del Sistema Interamericano de Protección de los DD. HH., según la APG, se han registrado 105 ataques y limitaciones a la libertad de expresión de enero a octubre de 2022, sin que el Estado cumpla con su obligación de garantizar las libertades fundamentales.
La APG reporta que, en total, ha habido 389 agresiones en lo que va de este gobierno: “El actual gobierno continúa promoviendo una política de terror, persecución y criminalización en contra de actores incómodos y voces críticas a su administración, así como de sus aliados políticos. Dentro de este grupo destacan periodistas y medios de comunicación, pero también operadores de justicia, defensores de derechos humanos, estudiantes, ciudadanos y, en menor medida, políticos de oposición”
La entidad de prensa sostiene que las acciones en contra de la libertad de expresión y el clima de impunidad general que favorece, principalmente el Ministerio Público (MP) y el Organismo Judicial (OJ), provocaron que del 1 de enero al 31 de octubre de 2022 se registraran 105 actos de acoso y limitaciones a la labor periodística, de acuerdo a cifras del Observatorio de los Periodistas de la APG.
El informe señala que con estos datos suman 389 casos registrados durante el gobierno de Alejandro Giammattei, mientras que en el 2020 hubo 149 y en 2021 se reportaron 135.
El informe de la APG da cuenta que dentro de las cifras de 2022, destacan 10 casos de acoso judicial, en los que se incluye la criminalización, la censura judicial y las citaciones a declarar a periodistas por sus publicaciones.
Valiente y preciso, el informe sostiene que “Para la APG existe una enorme preocupación de que el proceso en contra de Zamora y personal de elPeriódico sea la antesala de un recrudecimiento de la persecución penal en contra de la prensa, que alcance el extremo de más detenciones, el envío a prolongados períodos de prisión o sentencias condenatorias en contra de comunicadores (incluyendo la imposición de multas económicas), la intervención de medios, el embargo de sus cuentas o el ahogamiento financiero, para provocar el cierre de sus operaciones”.
La APG denuncia que la criminalización de la libertad de expresión, emprendida por la fiscal general, María Consuelo Porras, y Rafael Curruchiche, responsable de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, forzó el exilio del Juan Luis Font, integrante de ConCriterio, y el de Michelle Mendoza, corresponsal de CNN en Español, quien también debió salir del país por el acoso en su contra y de su familia.
“Mientras Porras Argueta actúa con celeridad para fabricar casos y perseguir a los periodistas, muestra displicencia para investigar los ataques en contra de la prensa. En los últimos meses del 2022 fueron públicos los diversos casos que la Fiscalía de Delitos en contra de Periodistas desestimó y se negó a investigar, incluyendo algunos de violencia policial. Solo este año, el MP archivó 34 denuncias de periodistas y desestimó otras 81, según datos proporcionados por esa fiscalía”, agrega la información.
Para la APG, el resultado de estos hechos hará que disminuya aún más la “ínfima confianza de los periodistas al MP y al sistema de justicia general”.
El recuento de agresiones, intimidaciones y amenazas que presentó la APG, incluye los actos de criminalización contra periodistas, defensores de DD. HH. líderes comunitarios y cualquier expresión de resistencia ciudadana en contra de las políticas represivas y corruptas del régimen.
Con acierto, la APG también señala la política estatal de negar la información pública a la prensa y a la ciudadanía, mientras anticipa información confidencial de casos paradigmáticos a los net centers, que atacan el ejercicio de la libertad de expresión, a los que denomina como “nuevos grupos de choque”.
Con la presentación del “Estado de Situación sobre la Libertad de Expresión 2022”, la APG cierra una año de labores difícil, durante el cual se han ido cerrando los pocos espacios democráticos que habíamos conquistado. Ante la apatía ciudadana que ahora nos embarga, alienta ver la insurrección popular en Perú, donde la población se ha alzado en contra de la presidenta espuria, el Congreso corrupto y contra una clase política que perdió toda credibilidad.
Creciéndose como entidad gremial, defensora de las libertades democráticas, la APG concluye que “por la intolerancia a la libertad de expresión y su actitud autoritaria, este gobierno pasará a la historia como el de más acciones en contra de este derecho ciudadano.”
