Después de 7 años y 10 meses de haber iniciado el caso La Línea, este miércoles 7 de diciembre finalizará una de las etapas más importantes del proceso: el Tribunal de Mayor Riesgo B dictará la sentencia del juicio que llevó al expresidente Otto Pérez Molina y a la exvicemandataria Roxana Baldetti, junto a 27 personas más, ante la justicia del país.
El caso La Línea es uno de los más emblemáticos en la historia del país de los últimos 10 años, debido a que se vinculó a supuestos actos de corrupción a altas autoridades del gobierno, el cual era ejercido por el desaparecido Partido Patriota (PP).
Las penas máximas que pidió el Ministerio Público (MP) suman 32 años de prisión por los distintos delitos, derivados de supuestas acciones de defraudación aduanera.
Este caso se destapó en abril de 2015, cuando Molina y Baldetti ejercían con normalidad sus cargos al frente del Organismo Ejecutivo.
Sin embargo, se sospecha que también estaban implicados en la presunta estructura criminal que defraudó al Estado por medio del ajuste y sustracción de impuestos cobrados en las aduanas, lo cual fue confirmado con posterioridad por el MP y por lo cual se emprendieron acciones legales en contra de ambos.
LOS DELITOS Y SU EQUIVALENTE EN PRISIÓN
Si el Tribunal de Mayor Riesgo B dicta una sentencia condenatoria en contra de los implicados, estos podrían ser los años de prisión que se les impondría, sin derecho a ser conmutables.
Asociación ilícita: Pena de 8 años de prisión, aumentada en una tercera parte, de conformidad al artículo 12 literal a) de la Ley contra la Delincuencia Organizada, siendo 10 años con 8 meses de condena, más una multa de Q50 mil e inhabilitación para ejercer cargos públicos por el doble de la pena que se imponga.
Cohecho activo: Pena de 8 años de prisión, aumentada en una tercera parte, según el artículo 12 literal b Ley contra la Delincuencia Organizada, para un total de 10 años con 8 meses de cárcel y una multa de Q50 mil e inhabilitación para ocupar cargos públicos por el doble de la pena a imponer
Este día se conocerá si les dictan condena o son absueltos por los supuestos ilícitos cometidos. Entérate aquí: https://t.co/1gVR1FX50W
— Diario La Hora (@lahoragt) December 7, 2022
Cohecho pasivo: Pena de 8 años de prisión aumentada en una tercera parte. Total de 10 años con 8 meses de prisión, más multa de Q50 mil e inhabilitación a ocupar cualquier cargo público el doble tiempo de la pena impuesta.
Caso especial de defraudación aduanera: Pena de 10 años. Debiendo analizar el contenido del artículo 12 de la ley especial, que regula que una multa debe ser equivalente al monto del valor de las mercancías sustraídas, las cuales ascienden a un total de Q73 millones 13 mil 746.
Enriquecimiento Ilícito: Se establecen 8 años de prisión aumentada en una cuarta parte, para hacer 10 años de cárcel, y una multa de Q50 mil e inhabilitación especial para no ocupar cargos públicos por el doble de la pena.
LOS ACUSADOS Y SUS CARGOS
Si el fallo es desfavorable para los acusados, la condena más alta sería de 32 años de prisión. La cual en su mayoría corresponde a exfuncionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
El órgano encargado de la persecución penal, por medio de la Fiscalía Especial contra la Corrupción (FECI), solicitó 32 años de prisión para Omar Franco y Claudia Méndez, extitular de la SAT y la exintendente de Aduanas, respectivamente. Además de una multa de Q73.1 millones para cada uno.
Para Pérez Molina y Baldetti, el MP solicita 30 años de prisión más una multa de Q73.1 millones para cada uno.
