Sergio Penagos
El Departamento del Tesoro de Norteamérica sancionó al ciudadano ruso, Dmitry Kudryakov, y a la ciudadana bielorrusa, Iryna Litviniuk por su activa participación en la explotación del sector minero guatemalteco. Luego del anuncio de la Oficina del Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, informó sobre la sanción a ciudadanos rusos, así como a tres empresas mineras, Mayaniquel S. A., la que, al verse incluida en la lista, afirmó que no posee vínculos con Solway Investment Group. La entidad estadounidense argumenta que Kudryakov, líder de las operaciones mineras de Solway en Guatemala, y Litviniuk supuestamente dirigieron múltiples esquemas de soborno, en los que se involucran políticos, jueces y funcionarios gubernamentales guatemaltecos. En el caso de Litviniuk, el informe indica que realizó actos de corrupción en apoyo a los esquemas de tráfico de influencias rusos, al hacer pagos en efectivo a funcionarios públicos, quienes apoyarían y favorecerían los intereses mineros de los inversionistas rusos.
Como suele suceder, en política abundan las coincidencias en los hechos que se suscitan. Como no se produjo la pronosticada marea roja de Trump, los demócratas se envalentonan para sacudir la alfombra mágica del presidente Giammattei. Existe amplia información acerca del trasfondo que subyace en la oscura participación del presidente y su amiga, en la destitución de Juan Francisco Sandoval como Jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI). En la conferencia de prensa del 23 de julio de 2021 cuando fue destituido, el exfiscal informó que la FECI comenzaba a investigar supuestos sobornos de empresarios rusos, ligados a la minería, que habrían sido entregados al actual mandatario. El caso, como se ha documentado ampliamente, abarca una gran zona minera en los departamentos de Alta Verapaz, Izabal, Baja Verapaz y Chiquimula, en donde se están explotando diversos minerales; entre ellos: níquel, cobalto, tierras raras y oro, que son muy apetecidos por el mercado internacional. El enorme potencial minero de la zona les ha planteado a los inversionistas, la necesidad de construir un puerto exclusivo en la zona de Santo Tomás de Castilla, para facilitar las crecientes exportaciones. La zona de explotación de níquel localizada en Alta Verapaz e Izabal, arrastra una historia de violencia, despojo e injusticias, en contra de las comunidades nativas asentadas en esos territorios. Los gobiernos de turno en las últimas dos décadas son corresponsables de ese criminal historial, para privilegiar los intereses extranjeros por sobre los de las comunidades, defendiendo una industria extractiva y depredadora.
Para Ricardo Barrientos, columnista de Plaza Pública, el asunto es muy serio, pues existe una denuncia que se presentó formalmente en junio pasado, a la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) acompañada de medios de prueba. En ese entonces, con Juan Francisco Sandoval todavía al frente, la FECI inició el análisis de estos primeros indicios, con el propósito de preparar el caso y de iniciar las acciones de conformidad con la ley, incluyendo presumiblemente solicitudes para retirarle el antejuicio al presidente Giammattei. Seguramente no lo iba a hacer MP dirigido por Consuelo Porras, pero era factible que lo realizaran periodistas u organismos fuera de Guatemala, como el Departamento de Justicia estadounidense. Acertadísimo este pronóstico de fecha 30 de agosto de 2021, hace más de un año.
En el mismo artículo se hace alusión a otros aspectos relacionados con el deshonesto proceder del presidente y sus aliados, los que pretendieron minimizar la importancia y la seriedad de este caso, publicado por el New York Times, con la argucia de trivializar el soborno aduciendo que es absurdo, intentar sobornar al presidente de la república con una alfombra repleta de dinero en efectivo. El argumento, no caben muchos billetes en una alfombra; además, Giammattei es el presidente mejor pagado de la región, por eso gana mucho más en un año, que el efectivo colocado dentro de una alfombra enrollada. Al saberse de esta denuncia y que la FECI empezaba a armar el caso, todo apunta a que Giammattei, en convivencia con Consuelo Porras, fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), procedió a la destitución ilegal de Sandoval. Este asunto no tiene nada de trivial. El capítulo III del Código Penal, en sus artículos del 439 al 444, establece con mucha claridad los delitos de cohecho, tanto el pasivo, como el activo. De esa forma, no es cuestión de si es poco o mucho el dinero dentro de la alfombra, esto va más lejos al incluir los viajes en aviones y en helicópteros, las limusinas, las edecanes, las cenas y demás lujos que disfrutaron los rusos y sus acompañantes chapines para cometer delitos desde el ámbito público, cuando tomaron decisiones de Estado, al conceder licencias mineras con el contubernio de Antonio Malouf, ministro de Economía, y de Isaac Farchi Sultán, coordinador general adjunto del Comité Ejecutivo del Programa Nacional de Competitividad (Pronacom).
