La Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó la recusación que el juez Miguel Ángel Gálvez presentó en contra del magistrado Roaldo Chávez, de la Sala Segunda de Apelaciones; con esta acción el togado buscaba separarlo del proceso de antejuicio en su contra, pues a su consideración “podría verse influenciada su decisión, y no buscar una solución imparcial u objetiva”.
El gobierno rechazó la publicación del medio internacional. Aquí lo que indicaron: #LaHoraDeActualizarnos https://t.co/Z6Y3ZoPOBe
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La CSJ dice que no “hay asidero legal para pedir la recusación porque en un antejuicio no se puede pedir excusa o recusación”, refirió Herbert Pérez, abogado de Gálvez.
“Así que estamos a la espera de lo que resuelva el juez pesquisidor (Roaldo Chávez), y lo más probable es que lo cite para presentarse ante él”, indicó Pérez a La Hora cuando se le consultó sobre el proceso de la recusación.
PROCESO DE ANTEJUICIO
El pasado 15 de junio, por mayoría el pleno de la CSJ le dio trámite a una solicitud de antejuicio en contra de Gálvez, promovida por la Fundación Contra el Terrorismo (FCT) por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, prevaricato y detenciones ilegales en forma continuada.
Según la denuncia presentada, Gálvez habría utilizado la figura de “prisión provisional” en varios casos de los que estuvo a cargo el juzgador, por ejemplo: Cooptación del Estado, Corrupción en Quetzaltenango y Manipulación de Justicia. Asimismo, el caso La Línea en donde Otto Pérez Molina estuvo bajo “prisión provisional” mientras se realizaba su audiencia de primera declaración.
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CIDH AMPARA A GÁLVEZ
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ratificó medidas de protección para el juez Gálvez, asegura que “está en peligro”, y el juez señala que hay persecución judicial en su contra por su labor.
La resolución indica que en 2021 y 2022, la CIDH constató la “injerencia sistemática contra la independencia del Sistema de Justicia” y advirtió sobre la intensificación de “la criminalización y estigmatización contra los operadores de justicia”.
Añade que la Comisión recomendó proteger a los operadores de justicia contra ataques de intimidación, amenazas y hostigamiento e investigar quienes los cometen.