Ayer publicamos un trabajo sobre lo ocurrido en Ipala, Chiquimula, durante el bloqueo que montaron quienes se hacen llamar exmilitares, y reclaman una indemnización por servicios prestados, situación en la que evidenció el doble rasero de las fuerzas de policía que han sido enérgicas y violentas para reprimir manifestaciones como las que se realizaron en el 2020 contra la aprobación del presupuesto, la de estudiantes que protestaron por la elección de magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad a mediados de este año y la represión contra vecinos de El Estor que protestaban contra la minera rusa, para citar apenas algunos de los casos de uso de la fuerza pública.
En cambio, con los exmilitares la policía no utilizó ni una bomba lacrimógena, no digamos otras de las acciones mostradas en los casos referidos, a pesar de que los manifestantes les atacaron con machetes y otras armas, haciéndolos retroceder apabullados por la fuerza del grupo que reclama el pago de una “prestación”. Y es el mismo grupo que le pegó fuego a las instalaciones del Congreso en un reclamo en el que ni siquiera se puede acreditar a los que lo exigen, como se pudo demostrar con la captura de un supuesto exmilitar de 26 años que portaba un arma automática.
La firma de la paz cumplirá 26 años este mes de diciembre y el manifestante que, armado, reclamaba el pago de indemnización seguramente era un niño de teta para entonces y no hay forma de que pueda considerársele como excombatiente. Y, como él, deben ser muchos los que están en ese movimiento sin haber siquiera prestado servicio militar, sino simplemente aprovechando que el Congreso y el gobierno han ofrecido otorgarles el resarcimiento como una jugada muy peculiar dentro del manoseo electoral.
Por supuesto que no estoy clamando por la represión sino, al contrario, destacando que hay casos en que, cuando le conviene al gobierno, se abusa de ella para acallar voces que les resultan molestas. En cambio, cuando se trata de quienes pueden ser potenciales aliados de los intereses de la clase política, como en este caso esos llamados exmilitares cuya real filiación al Ejército nadie ha logrado demostrar ni probar, la actitud es diferente.
También se puede pensar que cuando los manifestantes son gente desarmada que está tratando de mostrar su malestar por alguna situación, la policía es muy valiente para utilizar la fuerza y sus armas en la represión de los ciudadanos. Pero cuando quienes manifiestan lo hacen no solo con machetes, sino hasta con armas automáticas, como fue el caso de ese patojo que reclamaba pago por haber peleado en la guerra, las fuerzas de seguridad retroceden con un temor que, realmente, resulta muy penoso.
Hay movimientos populares que son legítima expresión ciudadana de malestar y hay otros que son compadre hablado para mostrar fuerza en respaldo de la corrupción, como sucede con ciertos sindicatos y con estos grupos de exmilitares, según se hacen llamar quienes reclaman un cheque. Y no deja de ser curioso que contra los últimos la fuerza pública hasta retrocede vergonzosamente.
