Juan José Narciso Chúa
Los diputados de la Comisión de Ambiente del Congreso de la República continúan en su lucha por conseguir que la iniciativa de ley 6054 se apruebe rápidamente, un poco escondida, apagadas las luces para evitar el montón de críticas que al respecto se han dado. Ya había escrito con respecto de esta iniciativa, pero luego de ver que se encuentra en la agenda del día del Congreso, es conveniente salir nuevamente a adversar dicha posibilidad.
Para estos diputados, no importa lo que ocurra con el cambio climático, no le interesan los hechos recientes de desastres naturales y otros provocados por la corrupción que incluso ya cobró la vida de personas inocentes. Es necesario reiterar que el deterioro del Estado y sus instituciones ha venido agudizándose más y más principalmente en los últimos 12 o 15 años. Los regímenes que han asumido dentro de estos períodos no sólo tienen la premisa de quedarse con cualquier negocio y a cualquier precio, incluso entregando los recursos naturales a empresas extractivas transnacionales o bien a empresarios domésticos.
El caso de Asunción Mita llama la atención, por la forma abiertamente ilegal con que se manejó, pues a partir del hecho que se cumplió con la consulta, pero como fue el Alcalde Municipal y no el Ministro de Energía, entonces resulta, según ellos, en una ilegalidad. Pero en la literatura actual acerca de la corrupción relacionada existe lo que se llama la alegalidad, en la cual se justifican hechos cuestionables en medio ambiente, alegando que como no está prohibido o no está expresamente contenido en la ley, se considera que se puede hacer.
Así actuó el MEM en este caso. ¿Cómo el ministro del MEM se abroga una calidad que no tiene como salir a declarar públicamente que la consulta fue ilegal, acaso es juez?, para nada. La pretensión de aprobar la iniciativa 6054 busca acabar con la poca o débil institucionalidad ambiental existente, esto abriría el espacio para reproducir la forma en que se desenvuelve actualmente el MARN, una entidad politizada, chambona y corrupta, que no consigue su propia identidad y provoca tensión con las otras instituciones.
Las instituciones ambientales necesitan reformas profundas, pero aun así aprobar esta ley significaría un retroceso para el país y principalmente para el ambiente y los recursos naturales, cuando lo que el cambio climático manda hoy es justamente lo contrario, fortalecer a las instituciones, pero no voltear toda la institucionalidad en un ente que no funciona y no sirve para nada. Al MARN lo cierran hoy y no pasará absolutamente nada.
En la actualidad estamos siendo testigos del deterioro permanente del Estado, pero en el caso de las instituciones ambientales, su situación es peor pues pasarán a convertirse en apéndices dóciles, con poca vergüenza y sin escrúpulos de intereses privados como hoy trabajan el MEM o como el MARN, entonces la capacidad regulatoria mínima del Estado en términos ambientales concluiría su ciclo, únicamente para ser entidades burocráticas, de papeleo permanente y donde las licencias, los permisos y los EIA´s saldrán tal como el cliente los demanda.
Llegar a este nivel de “vende patrias” constituye un acto ominoso que este Gobierno ha venido realizando descaradamente, descansando en una CSJ incapaz e ilegítima, un Congreso que se vende al mejor postor, lo que importa son los negocios, una CC que actúa para legitimar ilegalidades, una Contraloría muda y complaciente, un TSE que se dedicará a botar o quitar candidatos para dejar únicamente a aquellos que pretenden seguir destruyendo el poco Estado de derecho que nos queda.
Las élites sin visión, aplauden cada decisión de este régimen corrupto y voltean a otro lado cuando de corrupción se trata, sin darse cuenta que todo ello los va a arrastrar tarde o temprano.
Así, poco a poco, la destrucción del Estado irá concretizándose, el deterioro de nuestra sociedad continuará, por lo que queda es el poder soberano del pueblo, el derecho legítimo a la resistencia hay que hacerlo valer. No queda más.
