El juez de Mayor Riesgo “B”, Miguel Ángel Gálvez presentó una recusación en contra del magistrado Roaldo Chávez, de la Sala Segunda de Apelaciones, con el que busca separarlo del proceso de antejuicio en su contra, pues a su consideración “podría verse influenciada su decisión, y no buscar una solución imparcial o subjetiva”.
“Quien en medio de sendas contradicciones procesales y de una serie de violaciones a garantías y derechos constitucionales que me asisten, ha sido designado por la Corte Suprema de Justicia como Juez Pesquisidor”, expone Gálvez.
El pasado 15 de junio, por mayoría el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le dio trámite a una solicitud de antejuicio en contra de Gálvez, promovida por la Fundación Contra el Terrorismo (FCT) por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, prevaricato y detenciones ilegales en forma continuada.
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MOTIVOS DE LA RECUSACIÓN
El juez Gálvez ha llevado casos que involucran la participación de miembros del Ejército de Guatemala, dentro de tales procesos se encuentran: el caso de Efraín Ríos Montt, Benedicto Lucas, Manuel Callejas y Callejas, César Octavio Noguera, Sepur Zarco, Mujeres Achí y el más reciente, Diario Militar.
Según el documento de la recusación, el magistrado Chávez de 1999 al 2022 se desempeñó como analista del Departamento de Control de Armas y Municiones de Guatemala (Digecam) y también fungió como Asesor del Segundo Despacho Viceministerial del Ministro de Gobernación a cargo de Mauricio López Bonilla.
Por lo tanto, podría existir una amistad entre Chávez, el Ejército y López Bonilla, esto podría “repercutir en la imparcialidad del magistrado Chávez”, se explica en el documento.
Por otra parte, el abogado Raúl Falla Ovalle quien presta su servicio como abogado de la entidad denunciante, pertenece a la misma promoción académica en la Universidad Rafael Landívar, “el conocimiento previo entre ambos y el relacionamiento atentan contra la imparcialidad”, argumenta la recusación.
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Dentro del expediente figura Edgar Barquín, expresidente del Banco de Guatemala y excandidato vicrpresidencial por el partido político Libertad Democrática Renovada (Lider), quien fue sindicado por el caso “Lavado y Política”. Dicho caso se llevó a cabo en la judicatura del juez Gálvez.
Bajo esta premisa, la recusación señala que el hermano del magistrado Chávez es el exdiputado Luis Chávez, perteneciente al partido Lider, y por lo tanto “una vez más se evidencia como se compromete la garantía de imparcialidad”, pues existiría un antecedente de relación, agrega el documento.
Según los artículos 122 y 123 de la Ley del Organismo Judicial establecen las causales de excusa e impedimentos de los jueces. Dentro de ellas, se encuentran “las relaciones con algunas de las partes y tener interés directo o indirecto con el asunto”, detalla.
“En caso que el magistrado Chávez continúe como juez pesquisidor en el presente antejuicio se afectaría gravemente la imparcialidad con que debe actuar”, advierte la figura legal presentada por el juez Gálvez.
DENUNCIA PROMOVIDA POR LA FCT
Según la denuncia presentada, Gálvez habría utilizado la figura de “prisión provisional” en varios casos de los cuales estuvo a cargo el juzgador, por ejemplo: Cooptación del Estado, Corrupción en Quetzaltenango y Manipulación de Justicia. Asimismo, el caso La Línea en donde Otto Pérez Molina estuvo bajo “prisión provisional” mientras se realizaba su audiencia de primera declaración.
AMPARO EN LA CC
El lunes 19 de septiembre se llevó a cabo una audiencia de vista pública en la Corte de Constitucionalidad (CC) para conocer el amparo promovido por el juez de Mayor Riesgo “B”, Miguel Ángel Gálvez, con el que busca frenar el antejuicio en su contra, la cual dio con lugar la CSJ; sin embargo, el Ministerio Público (MP) solicitó a la máxima Corte denegar el recurso solicitado por el togado.
Este caso ha puesto en el ojo público al juez Gálvez; organizaciones de derechos humanos tachan este proceso como una herramienta para “atacar la independencia judicial de Gálvez y evidencia una persecución política”.
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