Sandra Xinico Batz
En noviembre de 2018 una asamblea comunitaria decidió emprender otra etapa en el proceso de recuperación del Centro Comunal de Patzún (CECOPA), luego de que la entonces Junta Directiva y la Municipalidad ignoraran en múltiples ocasiones las peticiones de las autoridades comunitarias para que se transparentara el proceso de elección para la integración de la Junta, así como también que el Centro retomara su sentido comunitario, el cual fue perdiendo en los últimos 20 años tras ser cooptado por un grupo de personas que se dedicaron a lucrar con el bien.
Esta nueva etapa consistió en tomar pacíficamente el Centro Comunal para recuperarlo y devolvérselo a la comunidad, para que volviera a responder a los objetivos por los cuales fue fundado en 1976, que consistían en contribuir en la recuperación social, económica y cultural del pueblo kaqchikel de Patzún, tras los daños provocados por el terremoto ocurrido en ese año y que afectó fuertemente al municipio. Es así como el 4 de noviembre de 2018, vecinas y vecinos de la comunidad ocuparon las instalaciones de CECOPA e iniciaron un proceso asambleario en el que se desconoció a la Junta Directiva y se eligieron a nuevos representantes.
La reacción de la Junta Directiva (desconocida en asamblea comunitaria) y de la Corporación Municipal fue recurrir inmediatamente al Ministerio Público, para denunciar penalmente a un grupo de 15 lideresas y líderes comunitarios a quienes acusaron de los delitos de allanamiento, coacción y usurpación agravada; por estos delitos, el 5 de abril de 2019 el Juzgado de Primera Instancia Penal decidió ligar a proceso a 13 personas y posteriormente hizo lo mismo con las otras 2 del grupo de 15, además, se les impuso arresto domiciliario, restricciones que implicaban no salir del departamento de Chimaltenango, firmar el libro cada semana, una multa grupal de Q15 mil y no acercarse a las instalaciones de CECOPA.
Desde entonces las lideresas y líderes comunitarios han venido enfrentando las consecuencias e impactos de la criminalización, ya que el debate oral y público inició hasta el 29 de marzo de 2022 y ha tardado cinco meses en desarrollarse; actualmente está en su etapa final y el 2 de septiembre está programada la audiencia en que se dará a conocer el dictamen de la jueza Alba Delia Moscoso Linares quien tuvo a su cargo el juicio. Este momento llegó a casi 4 años de iniciada la persecución en su contra, tiempo en el cual 2 líderes (del grupo de 15) fallecieron, sin tener plena libertad, con la angustia y el desgaste (físico, económico y emocional) que provoca la criminalización.
Durante el juicio se evidenció y comprobó que el Ministerio Público, como en la decena de casos de criminalización que existen en el país, actúa sistemáticamente para castigar a defensoras y defensores de derechos humanos para amedrentar su accionar político y con ello impactar sus luchas para impedir que estas trasciendan; el MP demostró ineficiencia en la investigación, que presentó múltiples deficiencias e inconsistencias, aun así, pidió cárcel como sentencia
