Los presidentes de Argentina, México, Bolivia y Colombia respaldaron el miércoles a la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner y consideraron que la causa judicial en su contra por supuesta corrupción busca apartarla de la actividad «pública, política y electoral» para implantar un «modelo neoliberal» en el país sudamericano.
Los mandatarios Alberto Fernández, Andrés Manuel López Obrador, Luis Arce y Gustavo Petro, encuadrados en la izquierda latinoamericana, firmaron y divulgaron en redes sociales un comunicado de fuerte apoyo político a la expresidenta (2007-2015) y duras críticas contra la justicia argentina.
Según los firmantes, Fernández de Kirchner es víctima de «una injustificable persecución judicial» que tiene por objetivo apartar a la dirigente peronista «de la vida pública, política y electoral, así como sepultar los valores e ideales que representa, con el objetivo final de implantar un modelo neoliberal».
«El acoso a la vicepresidenta argentina se lleva a cabo a golpe de señalamiento de sus adversarios políticos, titulares periodísticos e irregularidades judiciales que vulneran el debido proceso y las garantías legales», dijeron los presidentes.
🌎 Presidentes de Latinoamérica firmaron una "declaración de apoyo" a Cristina Fernández de Kirchner por la "injustificable persecución judicial" 🔻https://t.co/M0AiwkXw3M
— Filo.news (@filonewsOK) August 24, 2022
Un fiscal argentino pidió 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Fernández de Kirchner por los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta en el juicio oral que enfrenta por irregularidades en la adjudicación de obras viales durante sus dos mandatos.
La fiscalía calculó la defraudación en alrededor de 1.000 millones de dólares.
La expresidenta de 69 años ha dicho que no hay pruebas en su contra y que el objetivo es amedrentar a los gobiernos nacionales y populares que son considerados una amenaza para los intereses de grupos económicos poderosos.
Este es el primer pedido de una condena para la expresidenta en una docena de causas judiciales por diversos delitos, algunas de las cuales fueron cerradas y otras continúan bajo investigación.
El argumento sobre la presunta intensión de los jueces de marginar a Fernández de Kirchner de la actividad política es sostenido por el gobierno de Alberto Fernández, gobernadores y dirigentes del oficialista Frente de Todos. En la misma línea se han expresado los expresidentes izquierdistas Evo Morales de Bolivia y Dilma Rousseff de Brasil.
Morales dijo que los fiscales que acusan a la dirigente buscan «imitar al juez Moro», en referencia al exmagistrado brasileño que lideró la investigación del Lava Jato por la cual el expresidente Lula da Silva tuvo que cumplir una condena de prisión.
El tribunal dictará un fallo a fin de año. Si hubiera condena esta no sería de cumplimiento inmediato hasta que no se pronuncie la Corte Suprema, lo que podría llevar años. Sobre la denominada causa «Vialidad»–refiere a la adjudicación de 51 obras viales al empresario Lázaro Báez, allegado a la familia Kirchner– los mandatarios latinoamericanos alertaron sobre «múltiples irregularidades legales y procesales» y que fue vulnerado «el legítimo derecho a la defensa» de la expresidenta.
«Condenamos rotundamente las estrategias de persecución judicial para eliminar a los contrincantes políticos», concluyeron Fernández, López Obrador, Arce y Petro.
