El Consorcio por los Derechos Sexuales y Reproductivos presentó los resultados de la investigación “Discriminación y criminalización de mujeres y jóvenes por el ejercicio de su sexualidad” que tiene como objetivo contribuir a que ejerzan plenamente sus derechos a la salud, sexuales y reproductivos.
HALLAZGOS DE LA INVESTIGACIÓN
Dentro de los principales hallazgos se enlistan variantes que atentan contra ellas, como la existencia de leyes e iniciativas que criminalizan a mujeres y niñas, con lo cual se niega el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, constituyéndose en violencia institucional.
Por ejemplo: Ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia, también la Iniciativa de Ley No. 5692 que propone el uso de la fuerza contra cualquier tipo de actividad o manifestación pública que se considere actividad de maras o de pandillas.
El documento indica que la Iniciativa de Ley No. 5915 otorga licencia a las iglesias para la exclusión, rechazo, discriminación e “implementar sanciones disciplinarias” contra personas diversas.
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Aunque Guatemala ha ratificado una serie de compromisos en materia de derechos sexuales y reproductivos, en la práctica existe una criminalización para el ejercicio de la libertad sexual, la anticoncepción, los servicios de salud sexual, y la discriminación por el ejercicio de la sexualidad y violencia contra las mujeres y jóvenes.
Además, el informe indica que el Estado criminaliza determinadas conductas sexuales que consideran amenazadoras o perjudiciales a los valores de grupos conservadores.
La investigación que fue realizada por CID- Gallup se llevó a cabo a finales del 2021 e inicios del año 2022 con una muestra de más de 1,326 personas representativas a nivel nacional a través de encuestas, además de grupos focales y entrevistas a profundidad. El informe fue presentado el 17 de agosto.
REPRESENTANTES EXPRESAN PREOCUPACIÓN
Ricardo Sáenz de Tejada, responsable de Oxfam en Guatemala, expresó “como lo muestran los resultados de la investigación, la falta de conocimiento en materia de educación integral en sexualidad, sigue siendo relevante”.
Por otra parte, comentó que la encuesta muestra que las personas más jóvenes han tenido más acceso a este tipo de formación e información.
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Silvia Menchú de Ademkan y en representación del Consorcio brindó las recomendaciones finales e indicó que el Sistema de Justicia debe investigar y judicializar asesinatos de mujeres, mujeres indígenas, mujeres trans y defensoras de derechos humanos.
Agregó que el Consorcio recomienda influir para que se respete e implemente el principio constitucional de laicidad del Estado tomando en cuenta las diversas espiritualidades de los pueblos originarios en el ejercicio pleno de sus derechos sexuales y derechos reproductivos.
Por último, el informe resalta que se debe trabajar por un Estado que cuente con estrategias y políticas que vayan erradicando las prácticas racistas y discriminatorias, particularmente a mujeres indígenas, mujeres trans, jóvenes y niñas sobre todo por ser Guatemala un país multicultural y multilingüe.
PIDEN ATENDER HALLAZGOS A ENTIDADES Y ACTORES SOCIALES
El Consorcio entregó el informe de investigación a entidades del Estado y otros actores sociales, entre quienes se encuentran:
Diputada Andrea Villagrán, representante de la Agenda Política de las Mujeres y de la Bancada Semilla.
Programa Nacional del VIH Sida del Ministerio de Salud.
Grupo Cairo/Montevideo.
Consejo Nacional de la Juventud.
Con esto, buscan que hagan uso del contenido, atender los hallazgos para el pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres indígenas, mestizas y mujeres trans, así como jóvenes diversos de Guatemala.
