Jonathan Menkos Zeissig
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Una dictadura es un régimen político que, con la fuerza y la violencia, pretende concentrar en pocas manos el poder de toda la nación. Aunque las dictaduras no son para siempre, como afortunadamente lo demuestra la historia, el tiempo en el que operan puede ser suficiente para dinamitar, una a una, las bases institucionales de la democracia liberal: acabar con la independencia de poderes del Estado, enturbiar el sistema electoral y de partidos políticos, eliminar los marchamos para un sistema de justicia pronta y efectiva y debilitar las capacidades de la administración pública para conseguir efectivamente el respeto, promoción y protección de los derechos políticos, civiles, culturales, económicos y sociales que, en concreto, son los que garantizan la libertad e igualdad.
Justamente esto es lo ha estado pasado en Guatemala, con mucha más rapidez en los gobiernos de Morales y Giammattei, quienes compartiendo los réditos de la dictadura con una fracción importante de la élite económica, con líderes religiosos codiciosos y apartados del amor al prójimo (neopentecostales, principalmente) y comprando aliados en el Congreso de la República y en el Sistema de Justicia, han ido asfixiando a los jueces y fiscales honestos, a los periodistas que les denuncian y a los líderes sociales. Ahora en el Congreso, los partidos políticos oficialistas pretenden aprobar una ley para el uso violento de la fuerza pública contra los manifestantes.
Como proceso político, las dictaduras tienen un inicio y un final. ¿Cómo hacemos para acelerar el final de esta? Por lo menos hay que avanzar en cinco acuerdos políticos que se refuerzan mutuamente:
Primero, no hay democracia sin democratización. Nadie debe esperar que la dictadura acabe por el trabajo de otros. Nadie debe tragarse en soledad la rabia por lo que pasa en el país. Hay que organizar a los vecinos, familiares y amigos y sumarse a otros que estén organizados. La democracia requiere empatía, solidaridad y participación activa: la democracia es deliberación, reflexión, toma de conciencia y acción social.
Segundo, salvar el proceso electoral de 2023. Solo la fuerza de una ciudadanía organizada podrá evitar que en las elecciones generales del próximo año se haga lo mismo que en las de 2019: dejar al pueblo sin opciones de cambio. También es importante advertir a los miradores electorales internacionales que vengan ya a observar el proceso. Los dictadores ensucian el proceso mucho antes del día de las votaciones.
Tercero, los partidos políticos democráticos que existen, pero son pequeños y aletargados por el bajo financiamiento, además de unirse deben transformarse en partido-movimientos, convirtiéndose en verdaderas alternativas políticas y legítimas frente a los partidos tradiciones que no son más que grupos criminales. Un partido-movimiento, no suma únicamente ciudadanos sino expresiones sociales organizadas dispuestas a luchar por conseguir garantías para sus derechos ya disminuidos por la dictadura. A partir de esta suma se delibera para crear el programa político y se vota para elegir a los candidatos.
Cuarto, un programa político que dé garantías a toda la población. Comunicar a la sociedad las diez líneas principales que regirán las acciones en el Legislativo y en los gobiernos central y locales. Mientras la dictadura ha demostrado que oprime, golpea, silencia y no le importa el hambre del pueblo, la alternativa se basa en la convivencia en paz, la lucha por el bienestar social y la justicia. ¿Qué pueblo no podría querer esto?
Quinto, recordar de qué es capaz la ciudadanía cuando está unida. Sin desánimos, no olvidar qué pasó con Ubico y cómo terminó en el exilio. Hasta a Pinochet le llegó su derrota electoral; a Videla su muerte en prisión; y a Batista su destierro. Mientras las dictaduras tienen un inicio y un final, el pueblo es permanente, y cuando toca, se transforma para dar vida a la vida. No lo olvidemos nunca.
