Pedro Pablo Marroquín

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Esposo, papá, abogado y periodista. ¡Si usted siempre ha querido un mejor país, este es su momento de actuar!

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Pedro Pablo Marroquín Pérez
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@ppmp82

Consuelo Porras, jefa del Ministerio Público (MP) usó como uno de los argumentos para despedir a Juan Francisco Sandoval el siguiente: que con sus actos violaban la presunción de inocencia de muchas personas.

Pero resulta que su nueva Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) realiza una presentación dentro del caso Zamora que hace aseveraciones como que es sentencia, tilda a tres personas ajenas a la investigación de impunes y no explica nada, no contextualiza, no aporta pruebas en contra de éstas, ni nada que se parezca. Avisan cómo es el presente y ratifican cómo será el futuro.

La manera en la que presentaron el caso deja qué desear y dan la sensación que en esta primera audiencia quieren de una vez sentenciar a los sindicados.

El denunciante, Ronald Giovanni García Navarijo parece que sabía hacer muchas cosas pero grabar no era su fuerte. Se pone el teléfono en un lugar donde el micrófono “topa” con la ropa y escuchar era sumamente complicado. Desconozco si el MP hizo transcripciones de los audios pero sería lo mínimo a realizar.

No obstante hay un detalle: Rafael Curruchiche desechó el audio del juez Ruano en el caso de Blanca Stalling al no apelar la decisión del juez Víctor Cruz que cerró la causa en favor de la exmagistrada. En un video el jefe de la FECI dijo que no accionó porque existían deficiencias entre la acusación y los medios de investigación.

La prueba reina era el audio en el que Stalling intercede ante el juez Ruano por la situación jurídica de su hijo que había sido sindicado en un caso del IGSS, buscando incidir en el juez para favorecerlo. Curruchiche metió mil y una excusas para cerrar ese caso porque Stalling es aliada de Porras y del sistema, pero resulta que en el caso que ahora nos ocupa, los audios de García Navarijo sí son “pieza clave” según el MP.

Falta mucho trecho en el proceso, pero de lo visto hasta ahora y que José Rubén Zamora reconoce, se desprende que se puso en una muy complicada situación porque si quienes le dieron los Q300 mil son empresarios honrados, ¿por qué no depositar el dinero en la cuenta de elPeriódico (Aldea Global)?

Si alguien le dio dinero en efectivo es porque no quería dejar rastro y ahora veremos si aparece la persona que lo entregó porque seguramente no querrá quedar ante el régimen del Jefe de Jefes como que era un financista anónimo del medio de comunicación.

Zamora dijo hace una semana que García Navarijo era un lavador y no se entiende por qué le fue a pedir que depositara el dinero en efectivo en una cuenta y luego le entregara un cheque. Complicada situación porque cuando la labor que uno hace se convierte incómoda, le buscan hasta por debajo de las piedras y ahí es donde hay que redoblar esfuerzos.

Creo que Zamora dejó ir una buena oportunidad para decir la fuente lícita del dinero porque se está jugando su libertad y su situación jurídica. Veremos qué pasa más adelante y si aparece la fuente lícita. En el periodismo nos toca lidiar con fuentes “mafiosas” y por eso no es conveniente mezclar “las fuentes” con dinero.

La fiscal Samari Gómez fue la más lúcida y elocuente en toda la audiencia. El MP parece no tener mucho cómo fundamentar su sindicación y no queda claro el beneficio que pudo haber tenido el denunciante por las intermediaciones de ella. Queda la sensación que está “jalada” para que el señor que tiene todo el Consuelo de Porras, Ricardo Méndez Ruiz, pueda ser parte del proceso en función del 116 del Código Procesal Penal, que dice:

Artículo 116.- (Querellante adhesivo). En los delitos de acción pública, el agraviado con capacidad civil o su representante o guardador en caso de incapacidad podrán provocar la persecución penal o adherirse a la ya iniciada por el Ministerio Público.

El mismo derecho podrá ser ejercido por cualquier ciudadano o asociación de ciudadanos, contra funcionarios o empleados públicos que hubieren violado directamente derechos humanos, en ejercicio de su función o con ocasión de ella, o cuando se trate de delitos cometidos por funcionarios públicos que abusen de su cargo.

Las negrillas son mías.

 

 

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