El declive en la educación de los profesionales del Derecho, la necesidad de actualizar la normativa legal, un sistema cooptado durante años por la política, así como por el poder económico y el crimen organizado son algunos de los puntos que siete abogados debaten acerca de cuáles son los grandes desafíos por los que atraviesa el sistema de justicia en Guatemala.
Sistema que según diversas fuentes, atraviesa una crisis que la abogada penalista Yolanda Pérez Ruiz resume como carente de integridad e independencia.
En el presente análisis cada uno de los expertos aporta desde su visión y experiencia un diagnóstico de situación para mostrar las principales carencias y retos con los que se enfrenta, especialmente cómo se va a enfrentar el sistema jurídico de cara al evento electoral del próximo año.
Agregó que dicha lista afecta el debido proceso al carecer de legitimación. Aquí su postura 👇 https://t.co/Je98A1UoDQ
— Diario La Hora (@lahoragt) July 26, 2022
LA HORA IMPULSA DEBATE
Ante la realidad que vive el país, La Hora busca generar e impulsar un amplio debate sobre temas relacionados con la justicia y su aplicación, Estado fallido y qué se vislumbra para las próximas elecciones generales.
Con ese propósito se consultó a siete abogados de distintas corrientes de pensamiento, sobre cinco preguntas:
¿Qué entiende por Estado fallido?; ¿Cuál es a su juicio la definición más precisa del término “justicia”?; ¿Qué importancia, en su criterio, tiene la búsqueda y aplicación de la justicia en Guatemala?; ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta el sistema de justicia guatemalteco?, y ¿Cuál es el panorama que vislumbra en relación con la justicia y el evento electoral del próximo año -excesiva judicialización de los comicios – nada de ello, otro?
Las respuestas se presentaron en dos entregas. En la primera, ayer, se dieron a conocer para alimentar este debate sobre las primeras tres interrogantes. Hoy finalizamos con las dos últimas.
REZAGO ACADÉMICO
El abogado constitucionalista Carlos Molina Mencos considera que no se trata solamente de justicia, sino de todo lo que implica, lo que se relaciona con la necesidad de una mejor preparación de abogados y jueces.
“Desde hace 15 o 20 años las universidades han bajado el nivel académico y educativo. Los profesionales están menos preparados que antes, casi que no se las podría llamar universidades”, afirma.
Para la abogada María Isabel Bonilla, investigadora asociada del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), hay retos importantes a cumplir en las siete entidades que integran el sistema de justicia.
Primero, los Tribunales de Justicia deberían tener presencia en toda la República, pues ha sido un desafío de muchos años para que todos los municipios cuenten con juzgados mínimos. El segundo desafío reside en aprovechar los recursos de la tecnología para transformarlo en un sistema más cercano a la población.
“No nos sirve si la Constitución dice que la justicia sea pronta y cumplida, pero esto no sucede”, cuestiona. Esto implica desde un Ministerio Público (MP) eficaz, un Sistema Penitenciario no saturado de privados de libertad y con procesos claros de rehabilitación. Un tercer desafío es que las audiencias en tribunales con mayoría de población indígena se lleven a cabo en el idioma nativo.
Demanda también el uso adecuado y planes de inversión del presupuesto del Organismo Judicial (OJ). Por otro lado, también es urgente la revisión y actualización de normativas, algunas de las cuales se aplican de los años 1940 y 1950. Se hace necesario pasar de lo específico a lo general para resolver problemas en un mundo globalizado.
Para el doctor José Luis González Dubón, el principal desafío reside en su despolitización. A su juicio, el activismo judicial ha transformado el sistema de justicia en un instrumento de persecución política, movimiento respaldado por juristas de izquierda que comparten la filosofía neoconstitucionalista, según la cual las normas de la constitución son “derrotables” y los jueces pueden darles un contenido distinto del que tienen.
Considerando la compra de las Sputnik V, el señalamiento de que Giammattei habría recibido dinero en una alfombra por ciudadanos rusos, entre otros. Los detalles acá ⬇️ https://t.co/aRJM8tRL5F
— Diario La Hora (@lahoragt) July 25, 2022
“Esto no es más que la usurpación de las atribuciones de los diputados del Congreso de la República por los magistrados del Organismo Judicial, lo cual además de tipificar diversos delitos, ha hundido al país en el caos que produce la ausencia de la certeza jurídica, que es el lubricante que permite la convivencia voluntaria y pacífica de los miembros de la sociedad. Sin ella, un país está condenado a la ley del más fuerte y al retroceso de la civilización a tiempos arcaicos de violencia”, expone.
RENOVAR NORMATIVA Y CARRERA JUDICIAL
El abogado constitucionalista Alejandro Balsells coincide en algunos de los puntos con Bonilla. Destaca que los desafíos son grandes como consecuencia de que el sistema de justicia no ha tenido la debida atención por parte del Estado durante mucho tiempo.
Muestra de ella es que los conflictos civiles y mercantiles se resuelven con una ley que data de hace 59 años, los laborales tienen una normativa de hace 60 años; mientras que el Código Procesal Penal, la normativa más reciente, ha tenido tantas modificaciones que su aplicación se ha vuelto inviable y compleja.
En consecuencia, afirma: “tenemos una administración de justicia anquilosada por una serie de normas y además invadida por intereses sesgados, políticos partidistas”.
Como muestra de ello señala que la carrera judicial o fiscal son solo recuerdos del pasado debido a que el OJ como la actual administración del MP destruyeron su existencia, al punto de que hay varios de ellos en el exilio. Ante la ausencia de esto, se le ha restado independencia a estos administradores de justicia, quienes quedan supeditados a las decisiones del control sesgado de estas instituciones.
Oswaldo Samayoa, catedrático universitario y doctor en Derecho expresa que el principal desafío del sistema de justicia es buscar la independencia. Con ello se refiere a comprender que ha sido un sistema cooptado toda la vida por el poder político. “El mayor problema es que ha sido captura por el hiperpresidencialismo”, afirma.
Resalta momentos importantes en la historia, como el conflicto armado interno cuando el sistema judicial se vio cooptado e incluso, silenciado. A esto se añade que en los últimos años ha atravesado por una cooptación de poderes paralelos: económico y crimen organizado.
Por último, señala que el estudio del Derecho se ha convertido en una especie de comida rápida con el combo de su preferencia. Estudiantes que repiten el sistema clientelar y corrupto para servirse del mismo, unido a un modelo que lo promueve, sin respaldo de investigación que funciona al mejor postor, lo que terminará en un modelo académico fracasado.
Mientras que para el abogado independiente Ramón Cadena uno de los principales desafíos del sistema de justicia es la reforma constitucional. Expone que la Carta Magna representa un candado para que jueces desarrollen una carrera judicial y tampoco permite que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se limiten a administrar justicia, pero no a los aspectos administrativos de la misma.
Además, expone la necesidad de modificar el régimen de comisiones de postulación el cual después de 12 años ha demostrado que fracasó.
🏍️ De enero a mayo del presente año 500 motoristas han fallecido por accidentes de tránsito. Aquí el panorama completo 👇🏼 https://t.co/nEulrFF3jG
— Diario La Hora (@lahoragt) July 26, 2022
La experta en derecho procesal penal Yolanda Pérez Ruiz expone que el principal desafío reside en la carencia de integridad del sistema de justicia. Esto conduce a que si la justicia no se ejerce por personas íntegras, se carece de independencia.
“Cuando la justicia se convierte en una herramienta de poder para ejercer el control social, no hablamos de Estado de derecho, menos de un Estado constitucional democrático de derecho”, afirmó.
El PANORAMA ELECTORAL DEL PRÓXIMO AÑO Y SU RELACIÓN CON LA JUSTICIA
Al consultar a los profesionales sobre cuál es el panorama que vislumbran en relación con el evento electoral del próximo año, y si consideran que se dará una excesiva judicialización de los comicios, estas fueron sus respuestas.
CONCEPTOS CLAROS
El exdiputado constituyente Carlos Molina Mencos se asume como un obsesionado y de tener claridad en los conceptos legales. Considera que un evento electoral y justicia son dos cosas totalmente distintas, pero en su juicio Guatemala ha perdido valores y esto se refleja en todo.
“Ya no hay partidos políticos”, asegura, y los últimos existieron fue hace 60 años, ahora solo ve grupos de personas que tratan de llegar al poder sin ninguna preparación, mística, menos ideología.
Además de la carencia de una propuesta ideológica para el país, expone que los políticos no conocen la diferencia entre el concepto de República y Democracia.
Democracia es poder de la mayoría sobre la minoría pudiendo conculcar sus derechos. La mitad más uno, puede decidir sobre la mitad, menos uno. Es el caso de Cuba, explica. Mientras que la República es un sistema en el cual se defienden los derechos de cada individuo. No puedo limitar ningún derecho suyo en beneficio de nadie. Es el caso de Estados Unidos, es el mejor sistema de gobierno, opina.
“Aquí hay un partido que propicia una Asamblea Nacional Constituyente pluralista. Eso es inconstitucional, es propiciar un golpe de Estado, y no es mala fe, solo es ignorancia crasa”, afirma.
TEMOR POR JUDICIALIZACIÓN DE CASOS
Para la abogada Bonilla predomina el temor de que los próximos comicios se conviertan en una excesiva judicialización de casos. Esto de acuerdo con la experiencia del pasado proceso electoral en el que hubo disputas en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) que se elevaron a la CSJ y Corte de Constitucionalidad. “Se ha abusado de elevar a tribunales cualquier inconformidad”, se lamenta.
Considera que hay un debilitamiento claro del TSE, que era un bastión de los valores democráticos y riguroso en aplicación de la ley, pero se han ido mermando sus capacidades. Está en ciernes, si habrá una reforma a la Ley Electoral. “Sería terrible, pues necesitamos un sistema judicial fortalecido, pero no está llamado a resolver todas las inconformidades que puedan darse en la aplicación de todas las leyes”, comenta.
Arribó a Guatemala para finalizar los trámites de su visa de trabajo. Aquí detalles👇 https://t.co/FBfdtbttO9
— Diario La Hora (@lahoragt) July 26, 2022
SE RECUPERA EL SISTEMA
El doctor González Dubón considera que el sistema de justicia se ha estado recuperando con la defenestración de activistas políticos que ocupaban cargos en la Corte de Constitucionalidad, Juzgados de Primera Instancia Penal, salas de Apelaciones, Ministerio Público, Inacif, y continuará cuando el actual Procurador de los Derechos Humanos termine su período.
A su parecer, mejoraría aún más si se implementara la rendición de cuentas de quienes por medio de ONG financiadas principalmente por gobiernos de países extranjeros propician el hurto y robo del fluido eléctrico, las invasiones de fincas, los bloqueos de carreteras y paralización del tráfico con pérdidas millonarias para todas las actividades productivas por cada hora que duran y que terminan perjudicando en mayor medida a los pobres por quienes dicen luchar.
En cuanto a los próximos comicios, opina que es necesario expulsar del ordenamiento jurídico todas las disposiciones de la última reforma electoral que fueron concebidas para favorecer el avance de la agenda de los partidos de izquierda para tomar el poder, como por ejemplo la limitación del financiamiento a los partidos políticos, que viola el derecho de propiedad privada garantizado constitucionalmente.
También la prohibición de hacer propaganda electoral antes de la convocatoria a elecciones que viola el derecho de libre expresión del pensamiento y ata de pies y manos el desarrollo de los partidos políticos y sus candidatos, así como otras disposiciones más que sería prolijo enumerar en esta entrevista.
CON EL ÁRBITRO EN CONTRA
El abogado Balsells expresa tener poca esperanza de los comicios del próximo año debido a que la autoridad electoral ha demostrado desconocimiento, incapacidad, y además un interés eminentemente político partidista.
“Cuando se juega un partido democrático con el árbitro en contra, sin duda la oposición va a recibir muchos reveses, pues el TSE está al servicio de quienes ejercen gobierno”, indica.
DICTADURA 3.0
El abogado y catedrático universitario Oswaldo Samayoa muestra una preocupación particular y es que la historia ha mostrado que el modelo político en el país siempre ha logrado manipular los procesos electorales al punto que el profesor Jorge Mario García Laguardia llegó a acuñar el término de “dictadura democrática”, la cual impera desde 1871. De tal suerte que actualmente vivimos la dictadura 3.0, expresa.
Samayoa identifica tres momentos históricos. En su primera etapa, instala el poder bajo dictaduras militares manipulando la Constitución, finaliza hasta 1944. En una segunda etapa, continúa el poder militarizado durante el conflicto armado interno que construyó el concepto del enemigo interno durante la Guerra Fría, que eliminaba a sus contrincantes. Y una tercera etapa que consiste en involucrar el sistema de justicia.
#LHInternacional Muere David Trimble, el ex primer ministro de Irlanda del Norte que ganó un Premio Nobel de la Paz. Acá detalles ⬇️ https://t.co/PQzENnUZUR
— Diario La Hora (@lahoragt) July 26, 2022
“Significa que no los van a matar, no lo vas a exiliar, sino que van a revestir con apariencia de legalidad el no dejar participar a los rivales políticos”, explica.
“Se va a judicializar el evento electoral, revestido de apariencia de legalidad para eliminar a los contrincantes políticos. Pero lo que realmente se hizo fue la cooptación del sistema de justicia”.
TEMOR DE FRAUDE ELECTORAL
La visión del abogado Ramón Cadena es la de un fraude electoral para el 2023 debido a una enorme crisis institucional en la CSJ con autoridades que no han sido electas, una CC cooptada y una reciente elección para rector de la Universidad de San Carlos que fue totalmente ilegal.
A esto añade la designación de Procurador de Derechos Humanos (PDH) como alguien para defender intereses de grupos de poder. “En suma, estamos ante una enorme crisis institucional. Ello lo que nos avizora es que en el futuro no van a permitir que exista oposición, por tanto, podría haber un fraude electoral”, expresa.
Este panorama, sostiene, ya lo han expresado organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que denunciaron un país en donde se violan los derechos humanos, la denuncias en la lista Engel de actores corruptos del Departamento de Estado de los Estados Unidos.
“El gran reto en Guatemala es la lucha contra la impunidad. El gobierno no puede solo porque está cooptado, esto nos lleva a la primera pregunta, un Estado fallido, por tanto enfrentamos un panorama negativo que se verá reflejado en las próximas elecciones”, afirma.
UN SIGLO DE RETROCESO
La abogada Pérez Ruiz expresa que existe una intromisión descarada de la política y de los intereses bastardos en la justicia. En todo caso, expresa que no es que la justicia se meta en política, sino las personas interesadas son las que hacen que la justicia se entrometa en la política para sus propios intereses.
En su parecer esto no es nada nuevo, pero el país se encuentra al punto de una situación crítica en la que los poderes indeseables se han adueñado de todos los ámbitos de la vida nacional.
🚨 ATENCIÓN 🚨
🚧🚦 Aquí te compartimos algunas recomendaciones para prevenir accidentes de tránsito. 👇🏼 pic.twitter.com/7fFpH5WSPH
— Diario La Hora (@lahoragt) July 26, 2022
“Resulta frustrante para quienes luchamos en su momento desde el ejercicio de las funciones jurisdiccionales, por una Guatemala más justa y que logramos tantas cosas, ver que estamos en un franco retroceso y que la administración de justicia retrocedió, no 10, ni 20 años, sino más de 100 años”, subraya.
Con información de Jeanelly Vásquez
