Tamara Taraciuk, directora en funciones para las Américas de Human Right Watch (HRW) y Consuelo Porras, Fiscal General y Jefa del Ministerio Público (MP). Foto: La Hora/Archivo

Tamara Taraciuk, directora en funciones para las Américas de Human Right Watch (HRW) dio a conocer un informe sobre las recientes destituciones por parte de la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras donde destaca la persecución contra fiscales y jueces independientes, las que dicha entidad considera van contra los estándares internacionales.

“Durante sus primeros cuatro años en el cargo Porras socavó las investigaciones sobre corrupción y abusos de los derechos humanos, incluso transfiriendo o despidiendo a los fiscales a cargo”, señala el documento.

“La abrupta destitución de ocho fiscales por parte de la procuradora general de Guatemala, Consuelo Porras, desde el 30 de junio de 2022 es contraria a los estándares internacionales de derechos humanos y socava aún más la independencia de los fiscales en el país”, señaló la directora de HRW.

Entre las destituciones, HRW destacó a Hilda Pineda, quien llevó a juicio al exjefe de Estado, Efraín Ríos Montt en el caso por genocidio, cometido durante el pasado conflicto armado interno.

“Once funcionarios administrativos también fueron despedidos. Estas destituciones siguen al despido arbitrario y al hostigamiento de varios jueces y fiscales independientes desde que Porras asumió el cargo por primera vez en 2018”, expone HRW.

 

“Las remociones más recientes parecen ser parte de un patrón más amplio de transferencias, despidos y procedimientos abusivos contra fiscales y jueces independientes en Guatemala”, expresó a su vez Juan Pappier, investigador de HRW, según el documento oficial de la entidad.

Pappier manifestó que Porras “está socavando el Estado de derecho y dejando a todos los guatemaltecos más expuestos a violaciones de derechos humanos y abusos de poder impunes”.

DESTITUCIONES VAN CONTRA ESTÁNDARES INTERNACIONALES

De acuerdo a la organización, el vocero del MP, Juan Luis Pantaleón, justificó las remociones al señalar que eran de acuerdo con la ley guatemalteca y que los nombramientos eran “en base a confianza, por lo cual Porras podía nombrar y remover “libremente”.

La libre destitución de fiscales por parte de la Fiscal General tiene un fundamento dudoso en virtud de la legislación guatemalteca, va en contra de las normas internacionales de derechos humanos y socava la capacidad de los fiscales para elaborar su trabajo de forma independiente, manifestó HRW.

REMOCIONES NO INCLUYEN JUSTIFICACIONES

HRW explicó que revisó copias de las notificaciones recibidas por cuatro de ocho fiscales destituidos, las cuales son idénticas, sin incluir una “justificación específica”.

“Las notificaciones también citaron un fallo de la Corte de Constitucional de 2021 sobre una disputa entre la oficina de Bienestar Social de la Presidencia y uno de sus trabajadores quien decía que los convenios colectivos deben tenerse en cuenta al decidir qué nombramientos de funcionarios deben ser “basados en la confianza”, resaltó.

Agregó que la Ley Orgánica del MP señala que los fiscales son miembros de la “carrera judicial” y que estos pueden ser removidos mediante un proceso disciplinario.

PORRAS HIZO REASIGNACIONES ARBITRARIAS

Asimismo, indicó que Porras transfirió previamente a algunos de los fiscales que fueron destituidos en lo que pareció una decisión “arbitraria” a áreas de trabajo menos sensibles.

“En octubre de 2021 la Fiscalía General había trasladado a Pineda, quien entonces era la jefa de la unidad de derechos humanos, a una oficina encargada de investigar delitos contra turistas, que tenía poco trabajo ya que el país tenía pocos visitantes debido a la pandemia de COVID-19”, añadió.

El MP razonó el traslado como parte de una supuesta estrategia de “fortalecimiento institucional”, de acuerdo con HRW.

 

“El Fiscal también transfirió a tres de los otros fiscales que han sido destituidos desde el 30 de junio. Sara Romero fue trasladada de una unidad contra el Crimen Organizado a una oficina encargada de atender las apelaciones”, declaró.

“Wendy Ordóñez fue trasladada de una unidad encargada de la cooperación internacional a una oficina de delitos contra la propiedad privada. Sara Sandoval fue trasladada de la unidad encargada de recuperar activos perdidos por corrupción y otros delitos a una oficina enfocada en delitos de propiedad intelectual”, afirmó sobre los cambios dentro del ente investigador.

EN PRIMERA GESTIÓN DE PORRAS SOCAVÓ INVESTIGACIONES

Asimismo, explicó el nombramiento de Porras por parte del presidente Alejandro Giammattei para su segundo mandato, el cual se dio “luego de un proceso de selección que se vio empañado por varios intentos de socavar la independencia de la Comisión de Postulación”.

“Su oficina también inició juicios aparentemente arbitrarios contra jueces y fiscales independientes, entre ellos Erika Aifán, una jueza que había fallado en casos de corrupción de alto nivel y Virginia Laparra, fiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad que ha encarcelado desde febrero”, puntualizó.

SE DEBEN SALVAGUARDAR INDEPENDENCIA DE FISCALES

Además, la organización destacó que los estándares internacionales en materia de derechos humanos expresan que se debe “salvaguardar la independencia de sus fiscales”

“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha dicho que los fiscales deben tener “estabilidad laboral especial” y protecciones para evitar destituciones arbitrarias”, resaltó.

A su vez, subrayó que la CIDH dijo que los fiscales solo deben ser removidos por “causas legalmente establecidas”, como terminación del período en el que fueron nombrados o cuando hayan cometido faltas disciplinarias de gravedad, siguiendo un proceso adecuado para garantizar la imparcialidad y objetividad de la decisión.

Asimismo, que las directrices de la Organización de las Naciones Unidas sobre la función de los fiscales establecen que los fiscales deben tener “condiciones de servicio razonables”, incluida la permanencia en el cargo, y deben poder desempeñar sus funciones “sin intimidación, obstáculos, hostigamiento o interferencia indebida”.

También destacó en que “el relator especial de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados ha dicho que “la destitución de los fiscales debe estar sujeta a requisitos estrictos que no deben socavar el desempeño independiente e imparcial de sus actividades”.

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