Por Luis Alberto Padilla
En los años de postguerra del siglo pasado intelectuales franceses como Cornelius Castoriadis y Claude Lefort formaron una tendencia de pensamiento – y editaron una revista – con el nombre “socialismo o barbarie” que se inspiraba a su vez en las ideas de la famosa luchadora socialista alemana Rosa Luxemburgo, para quien o el socialismo avanzaba en el mundo o se produciría una regresión a la barbarie, como sucedió en la antigua Roma cuando cayó en poder de los bárbaros con su cauda de mortandad, despoblación, desolación y degeneración del imperio. Para los seguidores de esta tendencia, disidentes del comunismo ortodoxo, tanto el capitalismo como el “capitalismo de Estado” prevaleciente en la URSS – consecuencia del estalinismo – eran sinónimo de barbarie, por eso había que recuperar los ideales del socialismo original de Marx y de Engels.
Pues bien – dando continuidad a esfuerzos como los que ha venido haciendo el Plan Articulador – un foro reciente convocado por Otra Guatemala Ya en el que participaron Carlos Figueroa Ibarra, Carlos Barrios (Secretario General de la URNG), Eduardo de León (del partido Winaq), el diputado Román Castellanos (del partido Semilla) y el ex candidato presidencial Miguel Ángel Sandoval, este último dijo que en Guatemala enfrentamos una disyuntiva similar sólo que distinta en cuanto a las opciones: democracia o regresión a la barbarie. Ya en anteriores artículos me he referido al hecho que en nuestro país nunca hemos tenido democracia. Se han hecho intentos para establecer un régimen democrático, como sucedió después de la independencia – con la República Federal de Centroamérica – pero todos recordamos que el mismo terminó con el fusilamiento de Morazán en Costa Rica y el asalto al poder en Guatemala de los montañeses de Carrera en alianza con la oligarquía colonial y la iglesia. Luego en 1944-54 los mejores presidentes que hemos tenido en nuestra historia – Juan José Arévalo y Jacobo Árbenz – intentaron también democratizar Guatemala pero la intervención norteamericana en alianza con esa misma oligarquía colonial puso fin a los diez años de primavera democrática. La tercera intentona se inició en 1985 cuando el conflicto armado obligó a una “burguesía ilustrada” a promulgar una nueva constitución estableciendo instituciones como la CC, el TSE y la PDH, además de iniciar un proceso de negociaciones de paz con la URNG – resultado de los acuerdos regionales de Esquipulas – y ahora es esa misma transición a la democracia del 85 la que está a punto de fracasar debido que, de nuevo, la oligarquía colonial en alianza con el crimen organizado (la “cleptocracia”) se propone la restauración del autoritarismo siguiendo la pauta marcada por Daniel Ortega desde Nicaragua. La desaparición de la independencia de poderes (Congreso y CSJ) así como el desmantelamiento de instituciones como el MP, la CC y la posibilidad de que suceda lo mismo en la Universidad de San Carlos debido al escandaloso fraude electoral en las elecciones de rector, todo ello constituye una ominosa amenaza. Pronto será el turno de la PDH y entonces lo único que irá quedando como vestigio democrático será el rito electoral del cuatrienio, programado para el año entrante. Y aunque todavía sea una incógnita que tanto el TSE estará en condiciones de evitar un fraude electoral similar al ocurrido en la Usac será necesario prepararse en sociedad civil y en los movimientos sociales para impedir la regresión al autoritarismo que planea el pacto de corruptos.
Y es aquí en donde la idea luminosa del Zurdo Sandoval ¡democracia o barbarie! cobra vigencia. Porque no se trata ni siquiera de reivindicar el socialismo en un país tan atrasado como Guatemala. Árbenz promulgó la reforma agraria como un camino para el desarrollo del capitalismo, como se hizo en Corea del Sur y en Taiwán. En Colombia Gustavo Petro propone ahora la industrialización substitutiva de importaciones – como propuso la CEPAL hace medio siglo – para fortalecer el mercado interno mediante reformas agraria y fiscal, empoderando la economía popular y para ello contará con José Antonio Ocampo como Ministro de Hacienda. En Guatemala hay que defender la democracia reformando el Estado, terminando con la impunidad y reduciendo la desigualdad social. Y en estos objetivos una izquierda democrática puede coincidir con la derecha liberal opuesta a la corrupción impidiendo el triunfo de los cleptócratas. Sin embargo, es obvio que antes se requiere que los partidos de izquierda democrática se pongan de acuerdo – y este es un punto en que hubo coincidencia entre los panelistas que participaron en el foro – porque no se trata de que cada partido presente su propio candidato y después llegar a un entendido para apoyar – en segunda vuelta – al más votado, porque en ese caso se repetiría la triste historia de ni siquiera llegar al balotaje. Y la gente termina votando por el mal menor (o eso creen porque Giammattei ha superado con creces a Jimmy Morales).
Dos cuestiones se plantearon en el foro como claves para ese acuerdo de la izquierda democrática: 1) un programa común y 2) la alianza con el movimiento social y popular dentro del cual es crucial llegar a acuerdos con las organizaciones de los pueblos indígenas. En cuanto a lo primero, dejando a un lado por de pronto las cuestiones de procedimiento – una ANC o reformas constitucionales – los asuntos de fondo (el pleno reconocimiento de los pueblos originarios, la reforma de las normas electorales para garantizar la elección de verdaderos representantes, la reducción del número de diputados al Congreso, devolver al Banco de Guatemala la posibilidad de financiar al Estado, una renta básica para los sectores populares, las reformas agraria y fiscal, la nueva normativa para la elección de jueces y magistrados, el cumplimiento de los compromisos en materia de cambio climático y de la agenda 2030, una nueva LEPP etc.) requieren entendimientos urgentes y en cuanto a lo segundo, todavía hay tiempo para lograr acuerdos que deberían incluir las candidaturas comunes no solo para el Ejecutivo sino, sobre todo, para el Congreso de la República y alcaldías municipales. Tener un Congreso integrado de mejor manera, con gente honrada y capaz, es fundamental para la reforma del Estado. Para ello se requiere de candidatos que sean conocidos por la ciudadanía por su capacidad y honradez, de manera que los electores acudan a votar por ellos disminuyendo la necesidad de utilizar recursos financieros para darse a conocer. Obviamente, para lograr esto se requiere de un fino conocimiento de la política a escala local a fin de que las candidaturas sean las idóneas y no el resultado de arreglos corruptos. El adversario cuenta con el dinero suficiente – producto del latrocinio de los fondos públicos – así que proponer candidaturas de personas en comunidades y municipios que sean conocidos por su honorabilidad es fundamental. Evidentemente, esto requiere dejar de lado el sistema tradicional de selección de candidatos basado en intereses partidarios o de dirigentes y personas vinculadas a ellos así que no será tarea fácil. Pero hay que hacerlo. Es una condición sine qua non para modificar la correlación de fuerzas en el Congreso.
Es evidente también que el binomio presidencial debe ser cuidadosamente escogido. Llegar a un acuerdo análogo al del Pacto Histórico de Colombia no es imposible. Es cierto que – como señaló el diputado Castellanos – los contextos son muy distintos y aquí no contamos con una figura como la de Petro, capaz de unir las diversas expresiones de la izquierda democrática. Sin embargo, un “pacto histórico guatemalteco” que sea capaz de incluir a los pueblos originarios – quienes han venido haciendo propuestas para una Asamblea Constituyente sin que la ciudadanía les preste la atención que merecen – podría hacer la diferencia.
