El diccionario define el término infamia como “descrédito, deshonra, maldad o vileza en cualquier línea” y eso cae como anillo al dedo para calificar la vacunación contra el COVID-19 en Guatemala porque nos hemos quedado como uno de los países más retrasados en la materia no solo por la incapacidad del Estado para adquirir vacunas (salvo el oscuro negocio de la rusa), sino la patética inutilidad para desarrollar campañas efectivas que pudieran llegar a toda la población, especialmente en el área rural y, sobre todo, a los indígenas.
Si tuviera que hacerse una lista de los fracasos del gobierno de Giammattei no alcanzaría un libro para detallarlos porque su labor se ha centrado en el saqueo del país que se incrementó extraordinariamente en plena época de pandemia. Pero posiblemente ninguno tan notorio y tan mortal como la forma en que se ha manejado la crisis de salud provocada por ese virus que por más de dos años ha afectado a la humanidad y que sigue causando estragos. En el informe sobre el Desarrollo Humano en el país, presentado tardíamente por el PNUD tras las objeciones y presiones de un gobierno que quiere tapar el sol con un dedo, se señala esa desigualdad en la vacunación como uno de los tantos ejemplos del abandono secular que prevalece para la población indígena.
El colmo de los colmos fue la decisión de destinar los 600 millones que aún quedaban para comprar vacunas al bolsón de la corrupción que se amplió, en mucho, con el Estado de Calamidad por las lluvias, mismas que son parte de nuestra realidad meteorológica, pero cuyos efectos se agravan por los mamarrachos de obras que se construyen cuando solo se piensa en el dinero del soborno y no en la calidad de los proyectos.
Cierto que ya el Ministro de Salud había dicho que Guatemala no comprará más vacunas porque ello “va contra la soberanía del país”, pasando por alto que en todo el mundo los países soberanos han comprado vacunas a los fabricantes sin que ello se traduzca en ninguna acción que la afecte. Pero como con las casas fabricantes serias no se podían hacer los negocios que hicieron con los rusos, dejaron de comprar y el país ha dependido de la caridad internacional porque la mayoría de vacunas aplicadas son producto de donaciones de algún agente inmunizador reconocido y validado por la Organización Mundial de la Salud y no como la Sputnik V que no alcanzó esa categoría.
Hoy, cuando estamos frente a una nueva y mucho más contagiosa variante del virus, Guatemala se convierte en uno de los países de alto riesgo por la deficiente cobertura de la vacunación. Cientos de miles de mayores de sesenta años no están vacunados o no tienen la cobertura necesaria y eso los expone a riesgos que no corren quienes pudieron vacunarse.
El fracaso de la vacunación es una infamia contra el pueblo de Guatemala y no me explico cómo Giammattei y Coma pueden dormir tranquilos siendo responsables de ese fracaso y de las muertes que de ello se derivan. Ya sabemos que los negocios en salud eran parte de los objetivos del gobierno, pero perpetrarlos en medio de una pandemia en las que se hicieron los locos de su obligación para hacer campañas efectivas de vacunación el descuido es no sólo una infamia sino un crimen de lesa humanidad.
