La Procuraduría de los Derechos Humanos, creada por la Constitución Política de 1985, ha tenido sus etapas de brillantez y una que otra de alguna opacidad, pero en términos generales se puede decir que ha sido una pieza importante dentro de la estructura de un Estado que históricamente ha tenido profundas debilidades en el mantenimiento y respeto a todos los derechos inherentes a las personas.
En los últimos períodos ha desempeñado un papel coherente con la naturaleza de la institución y, por supuesto, en un país tan absurdamente polarizado que hasta se sustituye el término para hablar de los “izquierdos humanos”, relacionando esos derechos fundamentales con ideologías comunistas, crea mucha urticaria cualquier pronunciamiento emitido por la PDH, lo cual se ha exacerbado porque el Procurador ha vinculado las enormes carencias de la población, que le violan derechos a trabajo, educación y salud, con la corrupción que drena los recursos que debieran servir para tales fines.
Es importante la captura de la Procuraduría de los Derechos Humanos por la alianza oficialista que ya tiene el control del Ministerio Público, de los tribunales ordinarios y las Cortes, incluyendo la de Constitucionalidad, de la Contraloría de Cuentas y de cuanta institución pueda ser aunque sea una pequeña piedra en el zapato para los que tienen el control de todo para ponerlo al servicio de la corrupción. Y la conformación de la terna de la que habrá que elegir al futuro PDH confirma todas las previsiones que se habían hecho.
Y así como en el Ministerio Público se está despidiendo a cualquier fiscal que no comparta la línea de la superioridad en términos de trabajar para asegurar impunidad a los delincuentes y persecución a los críticos del sistema, en la PDH se procederá a la remoción de todos aquellos trabajadores y funcionarios que han dedicado su empeño y trabajo a la promoción de esos derechos fundamentales que son, por naturaleza, incompatibles con lo que pregona y hace un gobierno que se esmera en el control absoluto de la institucionalidad para asegurar la corrupción absoluta de todo el aparato del Estado, mismo que abandona sus fines esenciales, hasta el primario de garantizar el bien común, porque todo, absolutamente todo, está puesto al servicio del saqueo de los recursos públicos.
El PDH es un comisionado peculiar, siendo una autoridad que se convierte en algo así como la voz de la conciencia para prevenir o señalar violaciones a los derechos fundamentales de las personas consignadas en nuestra carta magna. Silenciarlo era vital y con la terna lo han logrado.
