Cuando Ramiro de León Carpio aceptó la presión pública para eliminar los gastos confidenciales que en tiempos de Serrano se volvieron tema de escándalo porque el entonces Presidente los consideraba simplemente como un sobresueldo y no para cubrir asuntos de Estado, algunas voces le señalaron al Provisorio que era muy difícil gobernar sin partidas para gastos discrecionales que no se pueden justificar contablemente. Alguna voz le hizo ver al Presidente que no había de qué preocuparse, que de todos modos tendría partidas secretas porque para eso estaban los gastos militares que se manejan como altísimo secreto de Estado y por lo tanto ni el Contralor, ni el Congreso ni, mucho menos, el pueblo, pueden meter su cuchara en el asunto.
En tiempos de Portillo se hizo el gran escándalo por la sustracción de fondos del presupuesto del Ejército, pero era una práctica que venía desde tiempos de De León Carpio y siguió con todos los Presidentes, antes y después de Portillo, porque se convirtió al Ejército en la Caja Chica de la Presidencia de la República para manejar fondos confidenciales.
Hoy en día el Ejército ha visto que su presupuesto crece considerablemente bajo la presidencia de un militar, pero ni asomo de rendición de cuentas y, por el contrario, el tema del secreto militar se ha incrementado. No se puede saber absolutamente nada del destino de los fondos asignados en el Presupuesto porque, seguramente, los enemigos del país están atentos para ver cuáles son las debilidades que pueda tener nuestra gloriosa defensa nacional y de esa cuenta esos miles de millones se administran de la forma más sigilosa que sea posible.
Hasta los países que tienen enorme poderío militar o que tienen conflictos con países vecinos, tienen que rendir cuentas a comités de legisladores que auditan hasta el último centavo. Por supuesto que si aquí dejáramos que fueran los legisladores los que revisen las cuentas, seguramente que extorsionan para quedarse con parte de la tajada a fin de mantener las cosas como están. Pero es que tiene que haber un mecanismo de verificación y control para determinar qué son gastos razonables y justificados y cuáles son gastos que no tienen ningún sentido de interés nacional sino simplemente sirven por esa función de Caja Chica que se le ha asignado a las fuerzas armadas.
Si en el Congreso se habla de plazas fantasma que sirven, como en el caso de Muadi, para que alguien se embolse cientos de miles de quetzales en pocos meses, cuánto más puede darse ese fenómeno cuando no hay que rendir cuentas de nada y a nadie. Por eso y mil cosas más, Guatemala tiene que cambiar.
