El presidente Alejandro Giammattei, el presidente de la Anam, José Francisco Mejía y la presidenta del Congreso Shirley Rivera. El jefe edil pidió un Estado de Calamidad que el Organismo Ejecutivo y Legislativo tendrían que aprobar. Foto La Hora

La Presidencia de la República aún no se pronunciaba este martes sobre la solicitud del alcalde José Francisco Mejía, presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) de declarar Estado de Calamidad y de urgencia nacional.

No obstante, Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia ha confirmado que, a las 15 horas del martes 21 de junio, el Presidente y los Ministros se reunirán para analizar un Estado de Emergencia.

Sin embargo, de acuerdo con analistas consultados por La Hora, dicha petición obedece a un interés de los políticos, funcionarios y alcaldes de gastar los recursos sin ningún tipo de control con el pretexto de atender los daños de las lluvias.

Mejía señaló la tarde del lunes 20 de junio que, en nombre del resto de alcaldes “hoy es cuando, nosotros como municipalidad de los 340 municipios representados para pedir que este estado de Calamidad sea lo más pronto posible y que se pueda extender más allá, siempre sabemos que 30 días no alcanza para hacer un estudio y pueda que en 30 días esto mejore o empeore”.

Agregó que el bloqueo de carreteras debido a los incidentes provocados por las lluvias afecta a la economía, agricultura, comercio y a la industria de toda clase.

“Estamos comenzado la temporada de lluvias con bastantes desastres naturales, al final nosotros como municipalidad con nuestro presupuesto no podemos cubrir lo que está pasando ahora, que es un tema de grandes dimensiones”, añadió el jefe edil.

 

Con esa justificación insistió en pedir que sea aprobado de urgencia nacional, ya que podría solucionar los daños de infraestructura.

Además, dijo “para poder arreglar todo lo que ha dañado esta tormenta necesitamos que el Congreso de la República a través del presidente Alejandro Giammattei puedan darnos un Estado de Calamidad donde pueda arreglarse todo el daño en la infraestructura de inmediato y de urgencia nacional”.

También hizo un llamado a los diputados, “yo le pido a los diputados del Congreso de la República que aprueben esta iniciativa que va a beneficiarnos en general, no estamos pidiendo algo para una persona, estamos pidiendo algo para Guatemala”, agregó.

La petición se llevó a cabo en una reunión donde asistieron representantes de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) y jefes ediles.

 

COMISIÓN CONVOCÓ A SESIÓN EXTRAORDINARIA

Posterior a conocerse la petición de la ANAM, el diputado oficialista Cándido Leal, presidente de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, convocó a una sesión extraordinaria “urgente” para el jueves 23 de junio, debido a la problemática en la infraestructura vial ocasionada por las lluvias en el territorio nacional.

De declarar el Ejecutivo Estado de Calamidad el Congreso deberá convocar a sesión extraordinaria. Foto Archivo La Hora/Anaité Álvarez

 

PRESIDENCIA SIN DAR A CONOCER POSTURA

Se preguntó a Presidencia sobre dicha petición, pero se limitaron a indicar que trasladarían la consulta. Sin embargo, hasta el cierre de la nota no se había obtenido respuesta. Al tener la versión oficial será incorporada.

LA ANAM ES ALIADA INCONDICIONAL DEL GOBIERNO DE TURNO

Manfredo Marroquín, fundador de Acción Ciudadana señaló “que la ANAM en este periodo de Gobierno ha sido una aliada incondicional y sometida a lo dictado por el Gobierno de turno”, por lo cual dijo que no es de extrañar que la solicitud provenga de los intereses del mismo Gobierno, utilizando a la ANAM para el caso.

Agregó que es preocupante que por temas de corrupción el país está “colapsado en toda su infraestructura y que quieran usar un mecanismo que solo va a permitir y posibilitar mayor corrupción con un estado de Calamidad y de excepción para seguir gastando los fondos públicos de manera opaca como ya hemos visto, con obras que no resisten ni la primera lluvia del gobierno”.

NO HAY NORMATIVA QUE REGULE EL ESTADO DE EXCEPCIÓN

Según Pablo Hurtado, secretario ejecutivo de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), primero “hay que tener presente que la situación de la lluvia se está complicando a nivel nacional”.

Agregó que eso “debe ser un llamado para que se tomen y contemplen las medidas de las políticas públicas para hacer frente oportunamente y con carácter preventivo a este tipo de situaciones que todos los años estamos frente a lo mismo.”

Asimismo, lo segundo “hay que verlo como una necesidad, no solo una oportunidad, no es posible que en el país no exista un régimen adecuado para las emergencias y las urgencias”, al respecto, aclaró que se refería a las adquisiciones públicas.

Añadió que “la única opción es decretar estados de excepción y la naturaleza no es para poder agilizar o viabilizar ejecución de fondos públicos”.

 

También señaló que “los estados de excepción, su naturaleza y esencia tiene que ver con las alteraciones en situaciones excepcionales que se puedan presentar al orden público”.

Por lo tanto, considera que al no contarse con una normativa de cómo proceder para atender emergencias o urgencias que se presenten “con garantías de transparencia, eficacia en el gasto público, nos vamos a seguir enfrentando a situaciones como estas, que hay que tener claro que no se pueden desatender (…) porque como es usual las poblaciones más afectadas son las personas que tienen las condiciones de vida menos deseadas”.

Asimismo, explicó que “el gran problema que se da es que la Ley de Contrataciones del Estado establece que cuando hay un estado de excepción cualquiera de los que sea, deja de aplicar la Ley de Contrataciones del Estado”.

AFECTADOS POR LLUVIAS

A la fecha, Conred reporta 605 incidentes que han dejado ya más de un millón de personas afectadas, 23 fallecidas y tres desaparecidas, derivado de la temporada de lluvia en Guatemala de abril a junio, siendo este último mes el que destaca con más de 350 casos, en apenas 21 días.

¿QUÉ IMPLICA EL ESTADO DE CALAMIDAD?

Según la Ley de Orden Público, en el artículo 14 indica que podrá ser decretado Estado de Calamidad por el Ejecutivo para evitar en lo posible cualquier calamidad que azote al país o a determinada región para evitar y reducir efectos.

El artículo 15, determina que el presidente de la República podrá tomar medidas en los siguientes casos:

1. Centralizar en la entidad o dependencia que el decreto señala, todos los servicios públicos, estatales y privados, en la forma y circunstancia que el estado de calamidad lo requiera.

2. Limita el derecho de libre locomoción o manteniendo la residencia de las personas, estableciendo cordones sanitarios, limitando la circulación de vehículos o impidiendo la salida o entrada de personas en las zonas afectadas.

3. Exigir a los particulares el auxilio o cooperación que sean indispensables para el mejor control de la situación en la zona afectada.

4. Impedir concentración de personas y prohibir o suspender espectáculos públicos y cualquier tipo de reuniones.

5. Establecer precios máximos o mínimos para los artículos de primera necesidad y evitar el acaparamiento.

 

Artículo anteriorPese a alegatos de soberanía, recurren a EE. UU. por hundimiento en Villa Nueva
Artículo siguienteGuía: ¿Cómo enseñar a los hijos a dejar el pañal e ir al baño?