Por ALBERTO ARCE
SAN SALVADOR / Agencia AP
No es que el negro se haya puesto de moda, pero algunas mujeres salvadoreñas han tenido que, por miedo, renunciar a teñirse el pelo de rubio o rojo. Se ha corrido el rumor que sólo las chicas de los pandilleros pueden teñirse de rubia o pelirroja y de que quien desobedezca podría pagar las consecuencias. La violencia en ese país ha superado los límites ya conocidos. ¿Será un llamado de atención para sus vecinos centroamericanos, como Guatemala?
«Además, dicen que tampoco pueden llevarse amarillo y rojo en la ropa», cuenta Claudia Castellanos, una peluquera que trabaja en un salón de belleza de un barrio elegante de la capital. «Viera que ya atacaron a una mujer en un busito por ir de amarillo».
Los rumores son falsos.
Las pandillas, cada vez más sofisticadas, y no sólo a nivel criminal sino también en lo que tiene que ver con su imagen, publicaron un comunicado negándolo con rotundidad. Pero abrumadas por unos niveles de violencia que compiten con los que se vivieron durante la guerra contra la insurgencia de hace décadas, pocas mujeres están dispuestas a jugársela y convertirse en objetivo potencial de aquellos a quienes ya saben capaces de cualquier barbaridad.
El Salvador acaba de vivir uno de los peores meses desde el fin de la guerra civil, en 1992, con 635 homicidios registrados en mayo, 20 al día, en un país de poco más de 6 millones de habitantes. Y junio, de seguir así, podría ser aún peor.
Castellanos cuenta con los dedos de su mano las clientas que han entrado a pedirle que les tiñera el pelo: una, dos, tres, tal vez cuatro…
«No esperas aclaraciones», dice María José Estrada, una exrubia de 32 años que vive en las afueras de San Salvador. «Esos están locos y matan».
El miedo se ha generalizado en el país. Cae la noche, cierran los comercios y las calles se quedan desiertas. Frente a las comisarías de policía, donde muchos agentes pasan la noche porque se sienten más seguros que tomando un bus hasta sus casas, hay barreras que tratan de impedir ataques con granadas. Veinticuatro policías han muerto asesinados por pandilleros en lo que va de año.
Los taxistas se cuidan de moverse con los vidrios abajo para que se les pueda reconocer y conocen los cambios de luces que deben darles a los banderas (vigilantes) de las pandillas, que controlan la entrada de muchas colonias.
La policía y quienes conocen ese mundo achacan el repunte de la violencia y la inseguridad crecientes a la ruptura de la tregua entre pandillas que el gobierno facilitó desde 2012. Aunque los homicidios descendieron hasta un 75%, los críticos del diálogo creen que la tregua abrió espacios que reforzaron a las pandillas, que les permitieron sofisticar su extorsión, entrenarse y dotarse de más y mejores armas.
Los líderes de las pandillas encarcelados fueron transferidos a regímenes penitenciarios más permisivos y, desde allí, pudieron gestionar no sólo la tregua sino sus actividades criminales.
Pero en enero, apenas medio año después de asumir el poder, el gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén rechazó en público cualquier posibilidad de un proceso de paz y dio inicio a una ofensiva contra las pandillas, además de devolver a sus líderes a regímenes de aislamiento desde donde ya no pueden gestionar a sus organizaciones. Ahora en la calle manda una nueva generación más joven y sanguinaria.
«Quitas el liderazgo maduro, con el que te puedes entender políticamente, y tendrás que ver estructuras más jóvenes y fanatizadas que quieren darse a conocer», explica Raúl Mijango, un excomandante guerrillero que facilitó la tregua. «Quieren guerra».
Y la policía está lista para pelearla.
«Las cosas tienen que empeorar antes de empezar a mejorar» dijo un policía que no acepta ser citado por miedo a represalias. «Si me encuentro con uno, plomazo le voy a dar antes de que me lo dé él a mí».
La policía dice que es la presión que está aplicando contra las pandillas lo que ha provocado un éxodo de los criminales al mundo rural, extendiendo la violencia a lugares que antes la vivían con menor intensidad.
Una noche calurosa, húmeda y de silencio solo roto por el zumbido de los mosquitos, en Olocuilta, un poblado a unos 30 kilómetros al sur de la capital, los cuerpos de dos adolescentes yacían al fondo de una quebrada después de un enfrentamiento con la policía.
Mientras quienes decían ser sus parientes trataban de levantarlos cuesta arriba para depositarlos en el vehículo de la morgue, con dificultad y no sin que se cayesen al suelo varias veces antes de llegar, un subinspector recordaba lo sucedido.
Alguien les avisó de un tiroteo. Los pandilleros, miembros de la Mara Salvatrucha, se entrenaban en un galpón que un día albergó ganado y trataron de huir al saberse descubiertos. Uno de ellos, el más joven, el líder de la clica, o grupo, tenía una granada militar que no llegó a usar.
La población sabe que eso ya sucede a menudo y trata de protegerse.
A Carlos Tremiño, un comerciante de 42 años que vive al norte de la capital, ya no le queda otra opción que acompañar a sus hijos adolescentes cada día a la escuela para protegerlos de los pandilleros.
«Estos jodidos los acechan en las salidas y entradas a las escuelas. Les ofrecen todo para que entren a las pandillas y si se niegan los matan», Carlos Tremiño.
«La situación está mala, cada día hay más asesinatos, las pandillas están por todos lados. Yo voy hacer todo para cuidar a mis hijos».
Howard Cotto, Subdirector General de la Policía y antiguo comandante guerrillero dice que en esta ocasión las pandillas no encontrarán el apoyo social que ellos tuvieron cuando se enfrentaron al gobierno en los 80.
«No tienen proyecto político ni ideología», dice. «Por eso son mucho más vulnerables».
Pero también cree que la de hoy no es una guerra que se pueda ganar militarmente si no se modifican las condiciones sociales de exclusión que vive gran parte de la juventud del país. Aunque afirma que en un año se ha arrestado a unos 12 mil pandilleros de una cifra que podría llegar a 70 mil, reconoce que «podemos entrar en una comunidad y llevarnos a 50 pandilleros que otros 50 entrarán en la pandilla».
«Sólo con represión no resolveremos nada», concluyó.
Mijango sigue viendo la negociación como la única salida posible para evitar que el país se hunda en un baño de sangre como el que se vivió cuando el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) se levantó contra los gobiernos conservadores de la década de los 80.
Solo que ahora es el FMLN quien gobierna, son las pandillas quienes controlan el 90% del territorio en el que viven los salvadoreños.
Y según Mijango, se está haciendo «el mismo cálculo que el gobierno hizo en 1982, antes de doce años de guerra con 75 mil muertos».
«podemos entrar en una comunidad y llevarnos a 50 pandilleros que otros 50 entrarán en la pandilla».
EE. UU. se solidariza
La embajadora estadounidense Mari Carmen Aponte expresó su preocupación por la violencia que abate a El Salvador y exhortó a sus habitantes a no guardar silencio ante el grave problema.
«No podemos quedarnos en silencio ante esto; debemos alzar nuestras voces porque es importante que el pueblo sepa que cada muerte afecta a todos», dijo a periodistas la diplomática estadounidense luego de participar en el servicio fúnebre del soldado José Jaime Henríquez, uno de los dos militares asesinados el domingo cuando proporcionaban seguridad a una terminal de autobuses del transporte colectivo en la periferia este de la capital.
Aponte, que acompaño a las autoridades y los familiares, afirmó que «cada vida salvadoreña que se pierde a causa de la violencia es una perdida irrecuperable para el país».
«Estamos aquí en solidaridad a nombre del pueblo de los Estados Unidos para expresar nuestras condolencias a la familia de José Jaime, pero también a la familia del soldado que fue enterrado ayer, así como a los policías y militares que todos los días siguen haciendo su trabajo a nombre del pueblo salvadoreño», agregó.
Un grupo de pandilleros del Barrio 18 atacó el domingo con armas de fuego a los dos soldados que proporcionaban la seguridad en la Terminal de Oriente de la capital salvadoreña. Uno de ellos murió en el lugar y otro falleció en el hospital. En lo que va del año las pandillas han asesinado a 28 policías y 13 militares.
Washington advirtió el lunes a sus ciudadanos que viajen a El Salvador que permanezcan alerta, se muevan en grupos y eviten transitar por zonas controladas por las pandillas en un contexto de ataques crecientes contra las fuerzas de seguridad y donde los tiroteos no son inusuales.
El Departamento de Estado emitió la advertencia, en la que aseguró que los estadounidenses que permanezcan durante periodos prolongados en El Salvador se exponen a alto riesgo de ser víctimas de extorsión, una modalidad criminal muy común a la que vinculó con las pandillas Mara Salvatrucha MS-13 y el Barrio 18.
Estados Unidos declaró a la Mara Salvatrucha una organización criminal transnacional y el Departamento del Tesoro de ese país anunció sanciones económicas contra seis miembros o colaboradores de este grupo.
Según las autoridades, los pandilleros están involucrados en la mayoría de los crímenes que se cometen en el país.
