Por Jorge Santos
Lejos parecieran estar aquellos años 2015 al 2020 donde los jueces y las juezas admirados por la sociedad guatemalteca y la comunidad internacional, resolvían casos de alto impacto, donde figuras prominentes de la oligarquía, la élite política, militar y crimen organizado eran sentados en el banquillo de los acusados en contra de todo pronóstico, en un país donde la impunidad había sido el denominador común. Esos jueces y juezas profesionales, apegados al derecho y de una calidad académica indiscutible están pagando con su libertad y su integridad el haber sometido a las mafias del país al imperio de la ley. Judicaturas a cargo de las y los jueces Gálvez, Aifán, Barrios, Xitumul y otros son ahora sometidas a la agresión constante de estructuras criminales que cada vez más se adueñan del Estado. Hoy, el sistema de justicia no es más que un teatro donde se juega al mejor postor, la corrupción, la impunidad y la violencia contra la ciudadanía.
En estos momentos de consolidación del Estado autoritario y con las cortes a su servicio, se cumple perfectamente el pensamiento conservador y corrupto sobre el que la oligarquía guatemalteca ha forjado el Estado: corromper y capturar la institucionalidad para garantizar sus espurios intereses. Un ejemplo claro de ello es la reciente resolución del juez Sergio Mena en contra de la libertad de la Fiscal Especial contra la Impunidad del Ministerio Público en Quetzaltenango, la Doctora Virginia Laparra. El juez pro impunidad, se suma al grupúsculo que servilmente arremete contra la honestidad y la justicia y acoge como propia la falaz y perversa narrativa de una fundación conformada por criminales y violadores de derechos humanos. Se suma también al proceso de criminalización iniciado por Lesther Castellanos, hoy premiado por el Congreso, al nombrarle Comisionado en la Oficina Nacional para la Prevención de la Tortura.
Lo grave de esta resolución pro impunidad del juez es que violenta las garantías judiciales de la doctora Laparra y la somete a un castigo injustificado al dejarla en prisión. Además muestra grave desapego a la legalidad pues daña y violenta la libertad de expresión, la emisión del pensamiento y la libertad de la prensa para investigar e informar a la ciudadanía. Este juez pretende castigar en nombre de la impunidad la libertad de opinión contenida en artículos periodísticos, columnas de opinión, entrevistas y pronunciamientos a favor de la doctora Laparra. Obstaculizó el ingreso de la prensa y observadores a una audiencia pública, además arremetió contra la Agencia Ocote por publicar un podcast que daba cuenta de la situación de la Fiscal en prisión y las causas de su injusta criminalización.
Esta resolución es grave en la medida que es útil y se convierte en una herramienta más para la consolidación del autoritarismo. Acallar las voces de personas defensoras de derechos humanos, de periodistas y de medios de comunicación es el coctel perfecto para instalar dictaduras. Nuestra labor es seguir denunciando a estos jueces y actores pro impunidad.
