El gobierno de Estados Unidos anunció el lunes restricciones de visado para casi un centenar de funcionarios del gobierno de Nicaragua, por haber «socavado la democracia tras la ilegítima reelección de Daniel Ortega» el año pasado. En un comunicado, el Departamento de Estado indicó que sigue «profundamente preocupado por las injustas detenciones de presos políticos por parte del régimen de Ortega (y Rosario) Murillo y los continuos abusos contra miembros de la sociedad civil» en el país centroamericano.
Señaló que las nuevas sanciones afectan a 93 personas, incluidos jueces, fiscales, diputados de la Asamblea Nacional y funcionarios del Ministerio del Interior «que se cree han socavado la democracia tras la ilegítima reelección de Daniel Ortega en noviembre de 2021».
Según el gobierno de Joe Biden, los jueces y fiscales afines al gobierno «comparten la complicidad en los esfuerzos del régimen Ortega-Murillo para socavar la democracia», a través de su participación en los juicios y condenas a líderes de la oposición, defensores de derechos humanos, empresarios del sector privado y defensores de los estudiantes.
Por su parte, los diputados y los funcionarios del Ministerio del Interior «permitieron que el régimen de Ortega-Murillo reforzara su control autoritario sobre los ciudadanos y las instituciones» del país, mediante «leyes represivas para despojar a más de 400 ONG y a una docena de universidades de su condición legal», indicó el documento en alusión al cierre de esas entidades en los últimos cuatro años, tras la revuelta social de 2018.
Estados Unidos sanciona a 93 funcionarios orteguistas por ser cómplices de la dictadura. Estados Unidos impuso restricciones de visados a 93 cargos públicos de Nicaragua porque los considera cómplices de “socavar la democracia” en el paí… https://t.co/givEWfcKBq
— 🇺🇦🇳🇮Reportes Nicas🇳🇮🇺🇦 (@ReporteNi) June 13, 2022
Estados Unidos resaltó que Ortega mantiene encarcelados «a más de 180 presos políticos, y muchos de ellos sufren la falta de alimentos adecuados, de atención médica apropiada e incluso de luz solar».
El documento destacó la muerte en febrero del exguerrillero y general del ejército, Hugo Torres, y la situación de otros nicaragüenses que permanecen en régimen de aislamiento. «Los presos políticos detenidos bajo arresto domiciliario también sufren abusos y no pueden elegir sus propios proveedores de atención médica ni recibir visitas», añadió.
El informe señaló que los funcionarios del «corrupto sistema judicial y de seguridad» detuvieron y procesaron «a estos líderes cívicos y defensores de los derechos humanos por decir la verdad, practicar un periodismo valiente, defender a sus comunidades a través del trabajo de las ONG y abogar públicamente por alternativas al régimen represivo» que impera en Nicaragua. Tras reiterar su decisión de usar «herramientas diplomáticas y económicas para apoyar la restauración de la democracia y el respeto de los derechos humanos en Nicaragua», el Departamento de Estado demandó a Ortega la «liberación inmediata e incondicional de los detenidos injustamente y el restablecimiento de la democracia y el Estado de derecho».
Nicaragua vive una grave crisis política debido a la represión que impera en el país desde que la policía sofocó las protestas sociales de 2018 con un saldo de 355 muertos, más de 2.000 heridos, 1.600 detenidos en distintos momentos y al menos 100.000 exiliados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea han aplicado desde entonces sanciones a decenas de altos funcionarios del gobierno, así como a allegados y familiares de Ortega, entre las que figuran restricciones de visado y congelamiento de cuentas bancarias en el exterior.
Ortega alega que su gobierno enfrentó un «fallido golpe de Estado» de los líderes de la oposición, y acusa a Estados Unidos de haber «financiado» las protestas que pusieron en jaque a su gobierno en 2018.
