Sandra Xinico
Nanci Chiriz Sinto es una mujer kaqchikel que está siendo criminalizada por supuestos daños provocados al edificio del Congreso de la República durante una manifestación realizada en noviembre de 2020, la cual fue fuertemente reprimida por las fuerzas de seguridad del Estado que además de aprehender también agredieron a decenas de personas, entre estas dos jóvenes perdieron un ojo por haber sido atacados por los antimotines, que en esa ocasión también violentaron a Nanci que fue rodeada y atacada por un pelotón de policías, hechos por los que hasta el momento nadie ha enfrentado la justicia a pesar de que existen múltiples evidencias del abuso de poder y de autoridad ejercidos en contra de las y los manifestantes.
Desde entonces el Estado de Guatemala ha perseguido y vigilado a Nanci, materializándose dicha persecución en un acto de criminalización que le fue impuesto desde el 24 de noviembre de 2021 cuando fue detenida y ligada a proceso penal por el delito de depredación de bienes culturales, un delito que tiene como sanción una pena de seis a nueve años de prisión, más una multa equivalente al doble del precio del bien cultural afectado. Dicha criminalización es legitimada bajo el argumento de que el Congreso de la República representa un símbolo de la identidad nacional, cuyo significado fue supuestamente vulnerado y que por ende también el de la identidad guatemalteca, lo cual denota abiertamente la intención de perjudicarla recurriendo estratégicamente al sentimiento de “nacionalismo” para evadir el trasfondo: la realidad política, económica y social del país que cada vez es más pobre precisamente por el tipo de funcionarios que gobiernan y sus prácticas políticas de enriquecimiento ilícito.
El Estado colonial solo sabe robar y criminalizar. Para esto sí funcionan las leyes y las instituciones. La atención está concentrada en perseguir y hostigar a quienes accionan frente a la realidad de injusticia y desigualdad, existen centenares de personas criminalizadas en Guatemala cuyos casos están siendo judicializados para inferir en su agencia política y con ello apaciguar a través de la violencia física y psicológica.
Los reportes indican que ha aumentado el número de niñas y niños que murieron por desnutrición aguda, en mayo durante una semana murieron ocho. También aumentaron los femicidios, en marzo asesinaron a 135 mujeres cuyos cuerpos mostraban señales de violencia y saña. Mientras tanto el Congreso prefirió ocupar su tiempo pretendiendo que el caso de Nanci Chiriz Sinto fuera declarado bajo reserva, para impedir que su defensa conociera la información recabada y así también impedir a los medios de comunicación el acceso a dicha información. Se invierten recursos del Estado para criminalizar.
En este contexto de criminalizaciones, en estos días también está en desarrollo el caso de María Cuc Choc, una mujer q’eqchi’ que desde hace 4 años ha sido criminalizada al ser denunciada injustamente por su trabajo de intérprete del idioma q’eqchi’, el cual realizaba en Izabal, una región fuertemente atacada por el Estado racista que violenta a las comunidades para favorecer al extractivismo y el saqueo.
