Factor Méndez Doninelli
En Guatemala, los actuales gobernantes, los políticos corruptos, los funcionarios criminales y delincuentes que usurpan el Poder Político mediante la cooptación de los tres Poderes del Estado, juegan con el Poder del Pueblo e ignoran que, les puede salir el tiro por la culata. Destruyen la institucionalidad democrática, debilitan el Estado de Derecho, pervierten el sistema de Justicia, retuercen el Derecho Penal, cierran los espacios de participación ciudadana, eliminan los contrapesos y violan sistemáticamente los derechos humanos de la población con soberbia, prepotencia y autoritarismo, para favorecer intereses personales y corporativos, con el afán de preservar los nichos de poder que les garantice la impunidad de sus acciones, ejercer y prologar con tranquilidad el ejercicio del Poder Público, con la seguridad que pueden eliminar cualquier obstáculo, sea de personas u organizaciones sociales que se interpongan en sus siniestros planes.
Esta maliciosa estrategia orientada a destruir los valores democráticos, los derechos y las libertades fundamentales de las personas, es dirigida por las élites económicas depredadoras, que utilizan a políticos lacayos fantoches, a funcionarios públicos como testaferros fascistas y a organizaciones terroristas de fachada, para perseguir a operadores y administradores de justicia, fiscales y jueces quienes se distinguen por combatir la corrupción e impunidad. Sucede lo mismo con los activistas sociales y defensores de derechos humanos.
En otras palabras, el Estado está reconfigurado por las élites económicas y políticas para beneficiar sus intereses personales e impedir el bienestar común, contrario a lo que señalan los preceptos constitucionales. Ahora, los actores perversos instrumentalizan el Derecho Penal, persiguen y criminalizan a jueces y fiscales, a periodistas y opositores políticos, a activistas sociales y a defensores de derechos humanos.
Atacan con furia al inquebrantable juez Gálvez, quien tiene 23 años de ejercer la judicatura, con una trayectoria intachable. Los ataques y amenazas a su integridad personal y a la independencia judicial aumentaron las últimas semanas, después que dictó la resolución en la fase intermedia del caso conocido como Diario Militar, mediante la cual ligó a proceso a militares y expolicías por graves violaciones a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, como detenciones ilegales y arbitrarias, torturas, tratos crueles e inhumanos, desaparición forzada o involuntaria y ejecuciones extrajudiciales, cometidas contra ciudadanos y activistas sociales durante el Conflicto Armado Interno.
Al día siguiente de dictar la citada resolución, empezaron a circular en las redes sociales comunicados en su contra y se intensifica una campaña de desprestigio con discursos de odio y rencor. Le dan seguimiento con vehículos sin placa y con gente armada para intimidarlo. Todas las amenazas y campañas han sido puestas en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia, que no acciona para brindarle mayor seguridad y defender la independencia judicial, tal como lo indican los artículos 10 del Código Procesal Penal y 60 de la Ley del Organismo Judicial.
El juez Gálvez, se distingue por llevar juicios de alto impacto relacionados con actos de corrupción e impunidad, presuntamente cometidos por redes criminales integradas por servidores públicos corruptos, militares genocidas y actores privados. Sus argumentos legales abundan con ejemplos sobre temas penales, cosechados a lo largo de su experiencia judicial en varias judicaturas.
Es un funcionario judicial con sensibilidad humana, modesto, franco, que explica con amplitud las ideas que transmite con fuerza de convicción y claridad de expresión. El Juez Gálvez, es idóneo, probo, incorruptible, apegado a Derecho, respetuoso de la ley, profundo conocedor de la misma, estudioso y actualizado sobre las últimas corrientes teóricas y doctrinales en materia penal. Es un juez paradigma de la justicia.
