Jonathan Menkos Zeissig
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En el rápido proceso de deterioro de las mínimas bases democráticas del Estado guatemalteco, la captura del sistema de justicia ha sido un objetivo fundamental. Transitamos rápidamente hacia una sociedad en la que las mayorías no tendremos en el corto plazo ninguna garantía social, económica, cultural, civil o política, mientras unos cuantos concentran el poder, los recursos económicos, mediáticos y materiales, y consiguen la impunidad por sus actos pasados, presentes y futuros.
Esa gavilla, las élites económicas y políticas que hoy están dirigiendo el poder público, compartiendo las ganancias de este proceso de deterioro nacional y la responsabilidad con el presidente Giammattei, ya han logrado prostituir buena parte del sistema de justicia: ahí tenemos los ejemplos de un Ministerio Público que, desde la llegada de Consuelo Porras, ha ido eliminando a los fiscales que actuaban en favor de la justicia, al tiempo en que ha convertido a la institución en el perro guardián de los corruptos: un Ministerio Público que los mima y cuida, mientras ataca a quienes no cooperan con la dictadura que se está gestando. Los criminales que nos gobiernan también han conseguido que la mayoría de los magistrados en la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad y el Tribunal Supremo Electoral estén a su servicio.
En el proceso de control total del sistema de justicia, ahora ha tocado el turno de que los criminales ataquen a Miguel Ángel Gálvez, abogado que ha dedicado 23 años de su vida profesional al enorme desafío de ser un juez independiente, intachable y, en pocas palabras, digno del puesto que ostenta. El juez Gálvez, a lo largo de su carrera, ha llevado sobre su espalda, casos que permitieron enjuiciar a narcotraficantes, sicarios, pandilleros, secuestradores y corruptos. Como infortunadamente es lo usual en el contexto de la justicia guatemalteca, el juez Gálvez ha ejercido su labor bajo ataques y amenazas, entre las que se incluyen seguimientos, llamadas telefónicas, hostigamientos, campañas de difamación y denuncias ante el Ministerio Público.
Ahora, el hostigamiento contra su persona se ha incrementado tras la resolución que ha dado en un caso sobre el Diario Militar, documento elaborado por el propio ejército en el que se registraba el secuestro, la detención ilegal y la muerte de decenas de guatemaltecos. En su resolución, el juez Gálvez ha dispuesto que se juzgue a nueve militares y policías retirados por cargos que incluyen la detención ilegal, tortura, asesinato y desaparición forzada de más de 195 personas, sucedidos entre 1983 y 1985, durante el régimen militar del general Mejía Víctores.
Este nuevo y poderoso ataque contra el juez Gálvez nos revela que otros de los socios de la alianza criminal que hoy gobierna, son aquellos que están buscando impunidad por delitos relacionados con la guerra civil. Ante la magnitud de los ataques que hoy enfrenta, el juez Gálvez ha puesto sobre aviso a la Corte Suprema de Justicia sin que haya recibido algún apoyo en defensa de su integridad, lo cual no es de extrañar.
Bien sabemos que en sociedades donde hay poca justicia, es peligroso ser un juez independiente. En ese sentido, en Guatemala, en donde tantos hechos delictivos quedan en olvido, sea porque no se denuncian o porque al llegar al sistema de justicia son abordados con descuido o dolo, no podemos permitirnos que los pocos jueces honestos e independientes -los que hacen su trabajo de manera responsable y nos salvan de la barbarie-, sean perseguidos y maltratados. Estamos obligados a solidarizarnos con el juez Miguel Ángel Gálvez y a exigir masivamente a la Corte Suprema de Justicia las garantías para que ejerza su labor sin menoscabo de su integridad.
