Samuel Flores
En el marco del Día de la Tierra, (22 de abril), la junta directiva del congreso, presidida por la diputada oficialista Sherley Rivera, impulsa las iniciativas de ley 6054, 6055, con la cual busca integrar las funciones de las dependencias CONAP, INAB, OCRET, al ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, MARN. Además, la iniciativa 6021, persigue facultar a esa institución autorizar la prórroga del plazo contractual de operaciones de explotación petrolera en la Reserva Natural Xan, ubicada en un parque nacional declarado “zona núcleo”, de la Reserva de la Biósfera Maya.
Organizaciones de la sociedad civil de ambiente y recursos naturales, representantes ante el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, CONAP, y la junta directiva del Instituto Nacional de Bosques, INAB, han externado su preocupación sobre las iniciativas referidas, por considerarlas improvisadas, carentes de sustento sólido, técnico y jurídico, porque no fueron consultadas con la población campesina e indígena, y que buscan debilitar la legislación y las instituciones ambientales del país.
La iniciativa 6054 traslada la rectoría de la autoridad para el manejo de las cuencas de los lagos Amatitlán, Atitlán, Petén Itzá, e Izabal, al MARN, otorgándoles la facultad de nombrar directores de esas entidades, así como del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, CONAP; del Instituto Nacional de Bosques, INAB; y de la Oficina de Control de Áreas Protegidas y del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, CONAP. De aprobarse esa iniciativa, el MARN contaría con las disposiciones de presupuesto y administrativas para manejar las asignaciones correspondientes.
La mayoría de los integrantes de la junta directiva del congreso son los ponentes de esas iniciativas: llama la atención que de cobrar vigencia el MARN podría incrementar su presupuesto actual de Q260.2 millones, a Q460.00, al contar con el traslado de recursos de las instituciones referidas.
La iniciativa 6055, reforma la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, y señala que “excesivos trámites y procedimientos administrativos” constituyen un “obstáculo” para el desarrollo de actividades profesionales. Las organizaciones de la sociedad civil señalan que “trámites y procedimientos administrativos” para cumplir con los Estudios de Impacto Ambiental, en algunos casos son un obstáculo para el desarrollo de nuevas actividades profesionales, comerciales, industriales o culturales. La propuesta es dejar exentos de estos trámites.
El 22 de abril, fue declarado Día de la tierra por la Asamblea de las Naciones Unidas, ONU, para evidenciar que los cambios provocados por el hombre en la naturaleza, así como contaminación de la biodiversidad, la deforestación, el cambio de uso del suelo, la producción agrícola y ganadera intensiva del comercio ilegal de la vida silvestre, pueden aumentar el riesgo de pandemias a nivel global tal como ocurre hoy con el COVID-19, y el cambio climático.
En enero y marzo 2022, las iniciativas referidas fueron trasladadas a la Comisión de Energía y Minas del Congreso, para su estudio y dictamen correspondiente.
