El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó este martes su reporte sobre prácticas de Derechos Humanos en Guatemala 2021, en el que remarcaron que la impunidad sigue siendo generalizada.
También recordaron que jueces, fiscales, querellantes y testigos continuaron denunciando amenazas, intimidaciones y vigilancia, incluso por parte de funcionarios gubernamentales, asimismo, señalaron el hostigamiento a fiscales de la Fiscalía Especial contra la Impunidad y jueces de Mayor Riesgo.
El gobierno estadounidense recordó que aunque la ley prevé un poder judicial independiente, en general, el sistema judicial no proporcionó juicios justos ni oportunos debido a la ineficiencia, la corrupción y la intimidación de jueces, fiscales y testigos.
En vivo: @SecBlinken ofrece comentarios a la prensa sobre la publicación de los Informes por Países sobre Prácticas de Derechos Humanos 2021: https://t.co/cPLOgKQMKW
— USA en Español (@USAenEspanol) April 12, 2022
Además, destacó que el 29 de septiembre, la entonces jueza de Mayor Riesgo, Erika Aifán, publicó un video en las redes sociales que detalla cómo empleados del gobierno fuera de su oficina colocaron personal que grabó sus comentarios privados y filtró archivos confidenciales de sus casos.
En el reporte, menciona que el Congreso se negó a nombrar a la magistrada titular independiente reelegida de la Corte Constitucional, Gloria Porras, citando una medida cautelar, además, que el proceso de selección para la elección por el congreso de 13 magistrados de la Corte Suprema y 135 de la Corte de Apelaciones continuó sin resultados.
LA DESTITUCIÓN DE SANDOVAL EN LA FECI
El Departamento de Estado subrayó que el 23 de julio, la Fiscal General, María Consuelo Porras destituyó abruptamente al titular de la FECI, Juan Francisco Sandoval y que n la noche del 23 de julio, Sandoval huyó del país luego de dar una conferencia de prensa en la Procuraduría de los Derechos Humanos, en la que implicó a varios funcionarios y ex funcionarios del gobierno en casos de corrupción.
En ese sentido, anota que las acciones contra jueces independientes también representaron una amenaza para los esfuerzos anticorrupción.
“Los jueces que presidieron casos penales de alto perfil enfrentaron esfuerzos continuos para despojarlos de su inmunidad, lo que los expondría a un posible enjuiciamiento y represalias por sus decisiones judiciales”, añade.
En el informe se reconoce que si bien la Comisión Presidencial contra la Corrupción cumple la función administrativa de introducir reformas que promuevan la transparencia, carecía tanto de los recursos como del mandato para investigar activamente anomalías y que, durante el año, los representantes de la sociedad civil la criticaron por su percepción de falta de independencia.
POCOS CASOS DE ALTO PERFIL FUERON PROCESADOS
El reporte del Departamento de Estado de EE.UU., también rememoró que Sandoval, informó que la policía entrevistó a sus padres y entró a su casa buscándolo a pesar de que su paradero en Estados Unidos había sido ampliamente reportado.
“A pesar de las numerosas denuncias de corrupción entre los poderes Legislativo y Ejecutivo del gobierno, pocos casos de alto perfil fueron procesados durante el año y los esfuerzos anticorrupción dentro del poder judicial se estancaron”, dijo el Departamento de Estado de EE.UU.
A lo anterior, agrega que destacados fiscales anticorrupción fueron despedidos o destituidos de casos importantes, y actores corruptos amenazaron a jueces independientes al presentar denuncias basadas en cargos falsos para despojarlos de la inmunidad procesal.
SOBRE LA LIBERTAD DE PRENSA
El Departamento de Estado de EE.UU., aseveró, respecto de la libertad de expresión para los miembros de la prensa y otros medios que, los medios independientes estuvieron activos y expresaron una amplia variedad de puntos de vista.
“No obstante, los reporteros que cubren el crimen organizado, incluidos sus vínculos con funcionarios públicos corruptos, reconocieron practicar la autocensura debido al peligro que el periodismo de investigación crea para ellos y sus familias”, consigna en el reporte.
También señalan menores ingresos publicitarios, ya sea debido a la pandemia de COVID-19 o como presión de las empresas contra las denuncias de corrupción, lo que dio como resultado que los medios de comunicación se volvieran menos independientes.
MENCIONAN DENUNCIA CONTRA ALFONSO CARRILLO
Otro de los temas abordados es cuando el 14 de mayo del año pasado, la recién instalada Corte Constitucional anunció que había recibido una denuncia contra el ex abogado, Alfonso Carrillo, a través de un escrito de amicus curiae y que el tribunal había remitido el caso al Ministerio Público.
El escrito, presentado por Ricardo Méndez Ruiz, director de la Fundación Contra el Terrorismo, señalaba que Carrillo violó el código procesal civil y comercial al interponer acciones judiciales y medidas cautelares contra recientes nombramientos de magistrados de la Corte Constitucional.
Sin embargo, menciona que el 18 de mayo, organizaciones de la sociedad civil, incluidas Justicia Ya y UDEFEGUA, emitieron un comunicado criticando la acción de la Corte en las redes sociales acusándola corte de proteger a un grupo corrupto de actores estatales.
