Que en Europa se preocupen por el deterioro de los Derechos Humanos en Guatemala y mencione por nombre y apellido al presidente Alejandro Giammattei, es una obviedad. No son los eurodiputados/as quienes deberían pronunciarse por el fiasco de este gobierno, sino el Congreso de la República de Guatemala; sin embargo, en lugar de ello, vemos a los más conservadores y hambrientos de poder, seguir al mandatario a inauguraciones y actos públicos, vemos la aplanadora del oficialismo legislando para seguir abriendo la brecha entre los más desfavorecidos y los más aprovechados: la clase política podrida de este país.
El Parlamento Europeo publicó un comunicado en el que en una de sus partes se lee “Las acciones judiciales iniciadas por la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público contra jueces, abogados y fiscales independientes que investigan estructuras criminales vinculadas a altos funcionarios del Estado y empresarios”. Parece que Giammattei padece del síndrome de la Llorona: mientras más lejos, mejor se escucha el lamento de los guatemaltecos, de cerca, nada. Acá, partidos políticos, sociedad civil y empresariado, caminan sobre el cadáver de la patria que han construido ignorando el llanto de las mayorías. Tiene que ser del otro lado del charco que se levante la voz para que en Guatemala se ponga atención al maquiavélico papel que ejecuta de manera cínica el Presidente en esta ingrata charada.
Somos los guatemaltecos los que deberíamos no solo instar, sino obligar a las autoridades guatemaltecas a poner fin a las acciones que realizan en contra del Estado de Derecho y la independencia de poderes, no los eurodiputados. Cuánto más hostigamiento debe existir, cuánta más impunidad. Sin jueces electos con transparencia, gobiernos al servicio de las mafias y élites empresariales voraces, el Estado seguirá estando en contra de su población.
La eurodiputada española Izaskun Bilbao Barandica dijo que: “El camino hacia las dictaduras siempre arranca en el mismo sitio. Se destruye la independencia del Poder Judicial, se amenaza a la libertad de prensa y expresión, se persigue a los disidentes y las organizaciones que los agrupan y se eliminan todos los mecanismos de control”. Se agradece el gesto, pero llega muy tarde. El gobierno de Giammattei solo es el acápite de sucesivos gobiernos que han destruido lo poco que quedaba de Estado en Guatemala, hasta convertir el país en una desfasada finca en pleno siglo veintiuno.
El punto final de la desvergüenza será la reelección de Consuelo Porras como Fiscal General, y como se ha mencionado en este espacio en otras oportunidades, el nombramiento por el Congreso de la República de un Procurador de Derechos Humanos antiderechos. El Canciller guatemalteco “tiene razón” cuando dice que los cuestionamientos del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, “…no corresponde con la realidad de mi país”. Habla del país de los dinosaurios violadores de derechos humanos, del que se han apropiado y consideran suyo por derecho, su país, su finca.
En el horizonte se ve un arribista más asomándose a las puertas del poder para garantizar el continuismo y consolidar un Estado retrogrado. Busquen cerca del presidente Giammattei…
