POR VIRGINIA CONTRERAS
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Hoy se realizó la tercera reunión de la Mesa Técnica de Transporte Público en las instalaciones del Auditorio de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), para abordar el problema del trato y gratuidad a personas mayores.
Edgar Guerra, titular de la Defensoría de los Usuarios del Transporte Urbano de la PDH, destacó que a la fecha han recibido unas 50 denuncias en este tema, que afecta a más de 500 mil personas mayores, pese a que la Ley de Protección a las Personas de la Tercera Edad garantiza el transporte gratuito a ese grupo etario.
Guerra indicó que también los transportistas reciben un subsidio para estas situaciones, en donde tienen escaso control sobre los pilotos de los autobuses, quienes maltratan a los usuarios mayores al abordar las unidades.
«Este contexto violenta los derechos de las personas de la tercera edad y en este sentido se están realizando acciones concretas que pretenden eliminar este tipo de discriminación hacia ellos, ya que históricamente es un sector de la población guatemalteca que ha sido minimizado», recalcó.
El entrevistado recordó que ayer sostuvo una reunión con transportistas de Quetzaltenango, con quienes se llegó al acuerdo de que no se realizará el cobro en el pasaje del transporte, ya que es una disposición legal.
En cuanto al tema de las extorsiones, el defensor manifestó que el método ha ido evolucionando, ya que al inicio era directamente a los transportistas, posteriormente a microbuses, así como mototaxis, para finalizar en los pilotos de autobuses, quienes indirectamente con el aumento en el cobro del pasaje, se lo transmiten a los usuarios.
A criterio de Guerra, esta situación se debe al rompimiento de la relación laboral entre los pilotos y los dueños de los transportes, en donde por una renta diaria les son alquilados los autobuses y de esa cuenta surgen indicios de que, tanto pilotos como ayudantes, forman parte de los grupos delincuenciales.
