La Asociación Psiquiátrica de Guatemala (APSG) y la Asociación Guatemalteca de Psicología (AGP), emitieron una carta abierta al presidente, Alejandro Giammattei y a los diputados del Congreso, expresando su preocupación por la aprobación de normativas como la “Ley para la Protección de la Vida y la Familia”.
Los académicos expresaron en un comunicado su indignación y firme rechazo a este tipo de propuestas, por las implicaciones ofensivas y discriminatorias hacia la población, independientemente que se archivó.
Es importante recordar que la propuesta surgió en momentos cuando el Ejecutivo y Legislativo buscaban también la aprobación de una ampliación presupuestaria por Q3.1 mil millones para el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.
REFUTACIONES
Los académicos y clínicos del campo de la salud mental expresaron que además de las refutaciones jurídicas a la normativa por ser inconstitucional, este tipo de propuestas por la forma y el contenido promueven que sectores de la población vivan bajo el estigma, falsos estereotipos y prejuicios que no permiten avanzar hacia una adecuada integración en la sociedad, limitando el derecho a la educación y el desarrollo que anhelan en el país.
Y aunque se archivó, consideran que el intento generó reacción dañina en la población, ya que las políticas públicas y leyes en un Estado de Derecho deben estar basadas en la investigación científica y especializada.
ASPECTOS INCONGRUENTES DEL DECRETO 18-2022
La iniciativa de Ley 5272 que originó el Decreto 18-2022, Ley para la Protección de la Vida y la Familia, fue aprobada en el Congreso de la República de Guatemala la noche del 8 de marzo, día en que se conmemoró el Día Internacional de la Mujer.
#LaHoraDeActualizarnos ? "Provida" fue la cortina para el "regalo" de Q3.1 millardos ?? [https://t.co/P9eQw36BDA] pic.twitter.com/62B70whFiP
— Diario La Hora (@lahoragt) March 17, 2022
Las asociaciones mencionaron que, existe una secuencia de aspectos en la ley 5272 que son incongruentes con la realidad nacional, y citaron algunos ejemplos:
1. De enero a diciembre del 2021, 72,077 niñas y jóvenes entre los 10 y 19 años se han convertido en madres, según el Observatorio de Salud Reproductiva (OSAR), siendo en la mayoría de las niñas menores de 14 años producto de violaciones. Esta ley veta el derecho a la educación sexual.
2. Los femicidios registraron en Guatemala un incremento del 31% entre enero y agosto de 2021, en comparación con el mismo período del año 2020, (GAM, marzo 2022).
3. El Observatorio de muertes violentas por orientación sexual e identidad de género, revela que 2018 fueron asesinadas por lo menos 21 personas LGBTIQ+; la Organización Visibles registró más de 20 crímenes en el 2019 y, al menos, 19 en 2020 (Distintas Latitudes, 2021; Visibles, 2020).
4. Existe evidencia científica, con base a programas de educación en salud sexual para jóvenes, como intervenciones en salud pública, que se han realizado durante más de 35 años (Baruch-Domínguez, 2016) o el informe del Parlamento Europeo sobre la educación sexual (Beamunt K.,Maguire, M.) que han rendido resultados adecuados y citados en asesorías técnicas al Congreso de países latinoamericanos. La educación sexual integral es crucial para el desarrollo de un país.
Como colegas que velan por la integridad y promoción en Salud Mental, expresamos lo siguiente: pic.twitter.com/vuxUPTZWMd
— APsG (@AsPG54927171) March 17, 2022
A FUTURO
Concluyeron manifestando que las políticas públicas que se planteen deberán ser generadas de acuerdo con evidencia que sostenga el adecuado apego a criterios de salud pública, para el fomento de una sociedad sin discriminación, ya que esta promueve una sociedad más sana, con menos problemas de salud mental, menos violenta y con mejor acceso a servicios de salud.
