La Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió que el caso planteado por el Ministerio Público (MP) en contra del exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, no lo conozca la jueza de Mayor Riesgo “D”, Erika Aifán, sino el Juzgado Cuarto.
“Declara con lugar la duda de competencia planteada por la Jueza ‘A’ del Juzgado Cuarto Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente del Departamento de Guatemala, por lo ya considerado, se ordena remitir certificación de lo resuelto a dicho juzgado y que continúe conociendo del proceso penal número cero mil ochenta y uno -dos mil diecinueve- cero cero seiscientos cuarenta y siete (01081-2019-00647) y resuelva lo que en derecho corresponda”, se lee parte de la resolución a la que tuvo acceso La Hora.
Una fuente con conocimiento del caso, que pidió el anonimato, dijo a La Hora que el Juzgado de Mayor Riesgo “D” tiene el control sobre el expediente judicial referente al Caso Odebrecht, por tal razón la jueza Aifán debería también conocer el proceso en contra de Sandoval, ya que el MP lo acusa de estar vinculado al mismo.
Además, la fuente indicó que la exfiscal de la FECI, Siomara Sosa, solicitó en su momento la conexión de la causa del Juzgado Cuarto a la del Juzgado de Mayor Riesgo “D”, y que por tal razón el MP solicitó su captura.
El caso de Sosa lo tiene a cargo el Juzgado Tercero, a pesar que también está relacionado al Caso Odebrecht, agregó la fuente.
Con varias horas de retraso, se reanudó la audiencia de primera declaración. Aquí los detalles ? https://t.co/yd7H5HMBuH
— Diario La Hora (@lahoragt) March 1, 2022
CASO CONTRA SANDOVAL
El pasado 30 de noviembre, por medio de un comunicado de prensa el MP informó, que por una investigación de la Fiscalía de Asuntos Internos se giró una orden de aprehensión contra Sandoval, por delitos de abuso de autoridad, usurpación de funciones, fraude y conspiración.
Según el MP, la orden fue dictada por el Juzgado Cuarto Pluripersonal de Primera Instancia Penal, luego de una investigación en la que “se ha llegado a establecer la suscripción de acuerdos de colaborador eficaz en fraude de ley posiblemente para generar impunidad y menoscabar los recursos del Estado de Guatemala”.
En su momento el MP comunicó, que el caso se encuentra bajo reserva judicial, por lo que no se dieron a conocer más detalles.
