Las últimas acciones del Ministerio Público, cuestionadas ya por aliados importantes como la Unión Europea y los Estados Unidos, evidencian que las autoridades aquí no conocen límites y están dispuestas a cualquier barrabasada en su empeño por no sólo afianzar la impunidad sino por castigar a los que no están alineados con esa manera de violentar el Estado de Derecho que está destruyendo lo poco que había de institucionalidad. Lamentablemente la indiferencia de la población ante actos atroces y brutales que atentan contra el elemental sentido de justicia es lo que alienta y facilita esos comportamientos.
Esta semana se ha confirmado plenamente que el Ministerio Público no funciona para perseguir a los delincuentes pero sí que es muy eficiente para retorcer la ley y de esa manera dirigir sus baterías a quienes se muestran como enemigos de la corrupción. Como esas abogadas que en legítimo ejercicio de su profesión defienden a colegas que son víctimas de persecución maliciosa de parte de las fiscalías que son alfombra de la Fiscal General y del gobernante, con quien hacen mancuerna para destruir la legalidad.
El reciente comunicado de la Unión Europea no deja lugar a dudas respecto a lo que está ocurriendo. Con un lenguaje muy claro describen la destrucción del Estado de Derecho que es obra de la Fiscal General en su claro empeño por garantizar su reelección, para lo que está dispuesta a mover cielo y tierra en el plano de la ilegalidad, con tal de demostrar a su protegido, Alejandro Giammattei, que con ella puede contar para lo que haga falta a fin de garantizar que nada ni nadie pondrá en riesgo el disfrute de los beneficios que acumula él y el Centro de su Gobierno.
Por preocupante que pueda sonar la advertencia de que se está destruyendo el Estado de Derecho, la opinión pública local no se inmuta ni altera por el hecho de que las leyes sean retorcidas de manera tan cínica y descarada. Ya nos acostumbramos a vivir en el arrabal y el hecho de que se produzcan persecuciones que no tienen que ver con nuestros propios intereses hace que volvamos la mirada a otro sitio y dejemos que todo se consume, sin entender que la destrucción de la legalidad tarde o temprano pasará enormes facturas, aún a aquellos que hoy se sienten cómodos porque son beneficiarios de la indiferencia y complicidad de Consuelo Porras, pero cuyas fortunas se pueden ver amenazadas cuando algún largo voraz no se sienta satisfecho solo con migajas y se proponga extorsionar a los que se sienten dueños del país.
Pero mientras ese día llega, con un pueblo agachado la destrucción del Derecho avanza con paso firme.
